En concreto, las normas son un Decreto-Ley dictado por Franco en 1957, mediante el cual se creó esta Fundación; un convenio de 1958 firmado entre la Fundación y la Abadía Benedictina de Silos, gracias al cual los monjes pudieron instalarse en Cuelgamuros; y un reglamento que se aprobó en 1959 para la ejecución de este convenio que formalizaron el abad y el presidente del consejo de administración de Patrimonio Nacional.

Esta normativa, consultada por Servimedia, establece en el artículo primero del Decreto-Ley que los fines de la Fundación son “rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres”.

Por su parte, la abadía está obligada a mantener el culto, dirigir una “escolanía”, un centro de estudios y su biblioteca, así como cuidar la hospedería y atender a los huéspedes. Finalmente, los monjes están obligados a celebrar una misa de acción de gracias cada 1 de abril (día en que el Bando Nacional ganó la guerra) así como cantar una misa de difuntos cada 20 de noviembre.

Patrimonio Nacional confirmó en un escrito a Servimedia que tanto el Decreto-Ley como el convenio y su reglamento siguen vigentes ya que no se han derogado en ningún momento. El Gobierno ya se pronunció en esta línea en febrero, cuando la ministra de Justicia, Dolores Delgado, hizo referencia a todas estas normas y consideró que es “necesario dotar de una nueva regulación a esta fundación, a estos acuerdos y, sobre todo, especificar sus fines”.

En el Pleno del Congreso de los Diputados, Delgado añadió que “hay que actualizar esta regulación y, además, con criterios de utilidad y pensando en el interés general y en los fondos públicos”.

Esto va en línea con la postura expresada por el Ejecutivo en los últimos días. Tras la exhumación, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, precisó en una entrevista en laSexta que será necesario "hablar con las familias y entidades de memoria y ver qué hacer con el Valle", porque “debe ser” un lugar de justicia, perdón, memoria y reconciliación. El presidente subrayó que, con la exhumación, “empezó a resignificarse” el Valle de los Caídos porque “los restos de las víctimas hoy descansan en paz” gracias a que “el verdugo ya no descansa con ellos” dentro de la Basílica de la Santa Cruz.

Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Celaá, señaló en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros que ahora “toca pensar en lo siguiente y toca pensar cómo vamos a procurar que el Valle de los Caídos sea un espacio que ayude a la memoria de las víctimas y que no ofenda de ninguna manera a nadie”.

Patrimonio Nacional explicó a Servimedia que, de acuerdo con las normas dictadas por Franco, los bienes del Valle de los Caídos que están cedidos a la Fundación son la cruz monumental de 150 metros de alto, las criptas, así como la Basílica de la santa Cruz del Valle de los Caídos, la abadía, el colegio, el hotel y un centro de estudios.

A todo esto hay que sumar el terreno rústico “donde se ubica la Basílica y el resto de bienes citados”.

CARRERO BLANCO

El convenio entre la Fundación del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos el 29 de mayo de 1958 está firmado por el almirante Luis Carrero Blanco, que por entonces era subsecretario de la Presidencia del Gobierno.

Más adelante, Carrero Blanco fue nombrado vicepresidente en julio de 1967 y, finalmente, presidente del Gobierno en junio de 1973, convirtiéndose en la persona mejor posicionada para suceder a Franco tras su muerte. Sin embargo, pocos meses después del nombramiento, el 20 de diciembre, Carrero fue asesinado por la banda terrorista ETA.

Los terroristas detonaron una carga de explosivos justo cuando el vehículo en el que viajaba el jefe del Gobierno pasaba por encima, en la calle Claudio Coello. La explosión mató a Carrero Blanco en el acto, abrió un gran cráter en el asfalto y el coche voló hasta la azotea de un edificio cercano.