La resolución, recogida por Servimedia, estima que en Castilla y León hay 1.051 lobos al norte del Duero, repartidos entre Burgos (113), León (433), Palencia (194), Valladolid (63) y Zamora (248).

El Gobierno autonómico permite ahora la caza de 339 lobos hasta la temporada de caza 2021-22. En cada temporada se permite abatir 113 ejemplares, distribuidos entre Burgos (9), León (51), Palencia (20), Valladolid (4) y Zamora (29).

WWF criticó en un comunicado que "la Junta continúe sus esfuerzos en el control de poblaciones, en lugar de aprobar un nuevo plan de gestión y de apostar por controlar los daños".

Esta organización indicó que el nuevo plan ve la luz un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspendiera la caza del lobo por falta de justificación científica e informes independientes, así como porque esta especie está protegida tanto por la normativa europea como por la nacional y que su gestión debe garantizar la conservación incidiendo en la prevalencia del interés general frente a los particulares.

Según la Directiva europea Hábitats, la gestión del lobo debe garantizar el estado de conservación favorable de la especie, lo que implica no sólo mantener las poblaciones actuales, sino también permitir la dispersión y colonización de nuevos territorios. Por otra parte, la Comisión Europea dejó claro por carta el pasado mes de febrero que la gestión del lobo ha de centrarse en primera instancia en la prevención de daños, relegando el control letal a casos excepcionales.

DAÑOS "MÍNIMOS" A LA GANADERÍA

Del total de individuos a abatir cada año, el plan se ceba especialmente con las reservas regionales de caza de Mampodre y Riaño (León), La Culebra (Zamora) y Fuentes Carrionas (Palencia), con un total de 15, 12 y 10 lobos por temporada, respectivamente.

"En estas zonas, los daños a la ganadería son mínimos y apenas hay conflictividad social, por lo que en ningún caso hay justificación posible. Además, la Junta no tiene en cuenta que dichas comarcas se han convertido en los últimos años en destino nacional e internacional de turismo de observación basado en el lobo, lo que representa una oportunidad para la economía de dichas zonas", afirmó WWF.

Además, esta organización indicó que el cálculo de esos cupos no ha dado suficiente relevancia a la pérdida de ejemplares por muertes ilegales no detectadas, tanto por furtivismo como por envenenamiento, por lo que consideró imprescindible incluir esta mortalidad no natural en las estimaciones. Además, indicó que el plan utiliza para el cálculo de la población total de lobo el número de individuos en época de cría, sin considerar la mortalidad juvenil de los cachorros y la de los individuos dispersantes.

Para Luis Suárez, responsable del Programa de Especies de WWF España, "resulta decepcionante que la Junta, en lugar de aprobar urgentemente un nuevo plan de gestión centrado en la conservación de la especie y en la reducción de los daños, impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas, siga apostando por un modelo de gestión basado en matar lobos y que además ha fracasado en los últimos años". "Reclamamos que la Junta acabe con esta persecución e impulse un nuevo plan de gestión donde prime el respeto por la especie y que tenga una clara apuesta por la coexistencia con las actividades tradicionales", concluyó.