Según detalló este martes el Ministerio, el contrato afecta al tramo comprendido entre Burgos y el límite provincial con Álava que pasó a ser libre de peaje el 1 de diciembre del año pasado cuando finalizó su concesión y revirtió la gestión de la autopista al Estado.

Los contratos de servicios para operaciones de conservación y explotación en la red de carreteras del Estado, como este caso, persiguen realizar los trabajos de servicios de comunicaciones, de vigilancia y atención a accidentes.

También comprenden el mantenimiento de los elementos de la carretera, de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y semaforización.

Asimismo, incluyen las labores de establecimiento de inventarios y reconocimientos de estado de la vía, así como la coordinación, seguimiento y ejecución de las actuaciones en la vía.