Según informó el Ayuntamiento de Alcorcón, esta comisión tendría como objetivo determinar cuándo se incorporó la condición especial de ejecución en estos pliegos, a cuántos expedientes afecta, quién ordenó su inclusión, cómo se disponía de las cantidades resultantes, quién era el responsable de decidir el destino de los fondos, qué empresas han sido las que han prestado los servicios de difusión e información, el destino del porcentaje y cualquier cuestión que pueda resultar de interés en la revisión de dichos expedientes y documentación.

La Alcaldía delegaría la Presidencia de dicha comisión a la concejala de Hacienda, Candelaria Testa, así como la incorporación de dos representantes de los grupos municipales PSOE, Unidas Podemos Ganar Alcorcón, PP, Ciudadanos y un representante de Vox.

“El objetivo de esta propuesta es dar luz y transparencia a los procesos de contratación que se han realizado durante los últimos ocho años de mandatos del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón y revelar si la incorporación de dicha cláusula del 1% se ha utilizado o no para posibles usos ilícitos tal y como podría haber efectuado el PP en Madrid según dicho auto judicial”, explicó la alcaldesa de la localidad, Natalia de Andrés.

La alcaldesa se refería así al auto, con fecha del 2 de septiembre de 2019, que corresponde a la pieza de investigación nº9 Financiación ilícita del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y de sus dirigentes, desvío de dinero público y falsedad electoral (Trama Púnica).

Según el mismo, algunos dirigentes del PP de Madrid podrían haber creado una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido de forma presuntamente ilícita a través de la introducción de este 1% en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de cada contratación.

De Andrés subrayó que en los expedientes analizados se han detectado diez pliegos de cláusulas administrativas particulares, que corresponden con la adjudicación de diversas obras, servicios y suministros, en los que figura la denominada ‘condición especial de ejecución’ en virtud de la cual los contratistas estaban obligados a actuaciones de difusión o información por valor de un 1% en aquellos contratos cuyo precio de adjudicación era superior a 70.000 euros.

Además, continuó la alcaldesa, entre los contratos adjudicados en los dos períodos aparecen empresas que se encuentran investigadas en Púnica.

También destacó que esta cláusula ha sido suprimida en los pliegos de condiciones con la llegada del actual Gobierno municipal, por lo que el mencionado 1% se ha eliminado definitivamente de la contratación pública en el presente mandato.