En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero afirmó su convencimiento de que el proceso judicial contra Garzón "no tiene ninguna posibilidad de continuar y el archivo debe ser inminente".

Sexmero indicó que ya desde el principio manifestó sus sorpresa por la admisión a trámite de la querella por parte del TS. A su juicio, no hubo prevaricación en la actuación del juez Garzón y la querella "no cumple con los requisitos de la jurisprudencia sobre la prevaricación, por lo que, una vez que se haya tomado declaración a Garzón, lo más normal y casi seguro es que se decrete el archivo de la causa".

Con respecto a la posibilidad de que los jueces puedan gozar de protección ante este tipo de querellas, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria consideró que, del mismo modo que los diputados y senadores están aforados y necesitan de un suplicatorio para poder ser encausados, sería conveniente crear un "filtro legal" para que las querellas presentadas contra los magistrados, sobre todo por parte de este tipo de organizaciones que, según dijo, tienen un claro interés político, no puedan pasar ese filtro.

"Si no fuera así, cualquier juez estaría constantemente paseando por los pasillos de los tribunales simplemente por sus actos jurisdiccionales", manifestó.

En este sentido, recordó que anteriormente existía la posibilidad del antejuicio, una especie de expediente previo a la admisión a trámite de la querella donde se oía al juez por escrito y aportaba pruebas documentales.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, confió en que la querella contra Garzón sea archivada y el proceso judicial no siga adelante. A su juicio, el magistrado de la Audiencia Nacional, "con acierto o sin acierto, actuó dentro de lo que él creía que eran las facultades que tenía para abrir una investigación, sobre la que había un clamor social y unas denuncias concretas ante él presentadas".

No obstante, puntualizó que su asociación respeta "de manera absoluta" las resoluciones judiciales, en este caso las del TS.

En cuanto a la posibilidad de que los jueces y magistrados puedan gozar de algún tipo de protección que les exima de responder ante este tipo de demandas, Gimeno señaló que "la responsabilidad penal de los jueces está razonablemente asegurada", pero, según comentó, "debería existir la posibilidad de abrir una investigación previa a la admisión a trámite de la querella para ver si esta está fundada o no, sin necesidad de que la presentación de cualquier querella diera lugar a la apertura de un procedimiento judicial".

Por otro lado, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, indicó que los jueces y magistrados no deben gozar de ningún tipo de privilegio o prerrogativa especial en lo que se refiere a la persecución penal.

García admitió únicamente la existencia de un filtro en los procesos penales contra jueces para "intentar evitar que se produzcan acusaciones contra jueces o magistrados absolutamente infundadas y que no tengan más designio o finalidad que entorpecer el buen desarrollo de la justicia".

Por último y con respecto a las posibilidades que la causa contra el juez Garzón tiene de seguir adelante, el portavoz de la APM declaró que el único que tiene la capacidad de dar respuesta a esta interrogativa y de decidir y determinar el alcance del proceso judicial es el juez instructor.