El Ministerio Fiscal defiende que para los VMP se debe crear una norma reglamentaria y una norma UNE, que podría asemejarse a la UNE-EN-ISO 4210 para bicicletas, “pero con mayores exigencias por su mayor peligrosidad”. Asimismo, reclama la regulación de sus características técnicas dentro del Reglamento General de Vehículos.

No obstante, la inexistencia de estas normas en la actualidad “no significa que exista un limbo jurídico en la UE y en nuestro país”, afirma el órgano.

A los VMP se les debe aplicar el Reglamento 765/2008 de la UE, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos; y la Ley 21/1992 de Industria, en su vertiente de seguridad industrial.

La memoria llama la atención sobre que un alto porcentaje de estos vehículos circulan sin atender ni la legislación nacional ni la europea sobre requisitos técnicos de diseño, fabricación y comercialización, y con frecuencia carentes de marca de fábrica y de toda certificación o documentación.

“Algunos de ellos circulan sin matriculación ni seguro a velocidades que alcanzan los 70 km/h, creando gravísimos riesgos. Se producen, además, situaciones de fraude de ley al vender ciertas empresas verdaderos ciclomotores sin cumplir con sus exigencias normativas”, explica el órgano en el informe.

DERECHOS DE LOS PEATONES Y LOS DISCAPACITADOS

En los once primeros meses de 2018 se han contabilizado 273 accidentes en 44 ciudades. En 203 de ellos habría, según la Fiscalía, algún tipo de responsabilidad del patinador. El órgano cree falta conciencia de respeto a las normas en los patinadores, “lo que significa un riesgo para ellos mismos y para los demás usuarios de las vías”.

“En las zonas peatonales se desarrolla la vida familiar, social, cultural, lúdica, comercial, de encuentro y diálogo, facetas que no pueden verse interrumpidas por la presencia de ciclistas y patinadores”, afirma la Fiscalía. “La indebida circulación por la acera o zona peatonal genera indudables peligros para los peatones de singular vulnerabilidad, como los niños, las personas de edad avanzada, las que tienen alguna discapacidad o las que presentan movilidad reducida”, añade.

Además, el Ministerio Fiscal recuerda que las policías “pueden y deben” llevar a cabo controles de alcohol y drogas. “Tanto los ciclistas como los usuarios de VMP, desde el momento en que circulan por la calzada, tienen deberes normativos de cuidado derivados del ámbito de riesgo en el que se adentran”, explica la memoria.

Por último, la Fiscalía también plantea la responsabilidad tanto de las empresas vendedoras como de las comercializadoras para que se esmeren en facilitar las instrucciones de uso y la documentación o certificaciones necesarias. “Los fabricantes, vendedores y empresas no pueden actuar con la misma actitud o mentalidad que cuando el producto es un juguete”, sentencia.

El organismo recuerda que sus usuarios tienen los derechos del consumidor, como la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad, la información para un uso adecuado o la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.