Así quedó de manifiesto este martes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en la que los votos del PSOE, PP, Cs y Vox impedirán que salga adelante la petición del Grupo Mixto y de ERC para que comparezca el jefe de la diplomacia española sobre este informe que, dicen los grupos solicitantes, contiene “aseveraciones injuriosas sobre la sociedad catalana” y “viola la presunción de inocencia de los presos políticos”.

El diputado del PSOE José Zaragoza mostró su sorpresa ante el hecho de que los independentistas catalanes rechacen este tipo de documentos a pesar de que la Generalitat elabora otros de contenido similar para defender sus postulados.

Aconsejó al resto de grupos parlamentarios el empleo de la razón y el abandono de la fe a la hora de defender la unidad de España y les reclamó que no confundan al Estado y a la justicia con la acción del Gobierno, lo que le permitió conjeturar que “hay a algunos a quienes parece que les interesa que el problema siga vivo por fines electorales”.

También destacó que el Gobierno “ha hecho lo que tenía que hacer” al elaborar este documento que, dijo Zaragoza, busca llenar el vacío a que abocaron los gobiernos del PP a la defensa exterior de la vigencia de la ley española y de la unidad de España.

Por el PP, José Antonio Bermúdez de Castro subrayó que existen “muchos asuntos” sobre los que el Gobierno tiene la obligación de comparecer, entre los que, dijo, no se encuentra éste. “para una vez que un ministro acierta, no le pondremos trabas”, ironizó.

Aconsejó al Ejecutivo que abandone la “ambigüedad” y la “equidistancia” con los independentistas y le aplaudió por este documento de la España Global que supone “un relato objetivo de la farsa que han pretendido vender en el exterior en torno a lo que llaman el ‘procés’”.

Edmundo Bal, de Cs, acusó a los solicitantes de la comparecencia de Borrell de haberse erigido en una suerte de “pastores de la única sociedad catalana” a la que representan siendo “minoría”, porque “en Cataluña la sociedad es constitucionalista”. Les afeó que insistan en “la matraca de los presos políticos, que son políticos presos”, ya que en España “no se juzga a nadie ni se condena a nadie por sus ideas, sino por sus hechos y conductas”, que, en el caso de los líderes independentistas encarcelados, se traduce en “pretender liquidar nuestro país”.

A pesar de ello, instó al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación a “creerse” la defensa del “buen nombre de España”, lo que le permitió aseverar que le “produce pena y vergüenza” la conducta del Gobierno en esta materia.

Por parte de Vox, Ignacio Garriga censuró a los “autoproclamados representantes de Cataluña”, a quienes también se refirió como “señores golpistas”, de presentarse como “prescriptores del buen catalán, después de haber roto Cataluña, de perseguir a quien no piensa como ustedes, de arruinar familias”, cuando lo único que, a su juicio, buscan es “mentir, enfrentar y robar a los catalanes”.

A pesar de ello, adelantó que pedirán en el futuro la comparecencia de Borrell para explicar un informe que es “tibio, errático y mal enfocado”.

Mikel Legarda, PNV, apoyó la petición argumentando que el documento “no refleja adecuadamente el modo en que debe afrontarse el problema catalán”, mientras que Aina Vidal, de Unidas Podemos, lo hizo porque el texto es “cutre, ‘hooligan’ y sesgado” al haber sido auspiciado por los “Quim Torra particulares” del Gobierno, que “utilizan los recursos públicos, lo cual es políticamente estúpido, para hacer el argumentario político de Cs”.

Por su parte, la diputada de Junts Per Catalunya (JxP) adscrito al Grupo Mixto Laura Borrás defendió la pertinencia de la comparecencia de Borrell arguyendo que el Gobierno “ataca a la sociedad catalana” por negarse a reconocer que el “80%” de ella apoya una “salida política” para la crisis territorial en Cataluña.

Presentó el documento de la España Global como “catastrofista” y como una herramienta para ocultar que “hay gente encausada, que ha vivido un juicio vergonzoso que esperan una sentencia que, en cualquier país democrático, sería la absolución”.

A su vez, Mertxe Aizpurua, diputada de EH Bildu, también en el Grupo Mixto, comentó que “el problema no es quien gobierna España, sino que aquello que quedó atado y bien atado no ha sido lo suficientemente democratizado”.

Lamentó que “frente al relato de la democracia y libertad del movimiento independentista, el Estado español se presenta violento ante el mundo”, lo que le permitió concluir que “España está lejos de ser una democracia”.

Por último, Montserrat Bassa (ERC) destacó que “muchos catalanes sentimos que el estado español se esfuerza por desprestigiarnos y asfixiarnos económicamente”, a pesar de lo cual subrayó que “el único camino valido para solucionar este problema político es hablar y dialogar”.

Manifestó que el documento “viola la presunción de inocencia de los presos por repetir argumentos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado”, lo que implica una “clara violación” del artículo 6 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.