Será uno de los nuevos útiles en la caja de herramientas del organismo cuyas competencias quedaron reforzadas por el Real Decreto Ley 22/2018 previo a la creación de la autoridad macroprudencial, con cuya puesta en marcha se reforzó las capacidades de esta institución, como también las de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y las de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones.

El supervisor ha lanzado una consulta pública previa precisamente sobre la oportunidad de valerse de esas huchas de capital anticíclico para exposiciones de determinados sectores y que serían complementarias al que ya tiene para el conjunto de las carteras de riesgo, y que la industria está persuadida que acabará imponiendo siguiendo la estela de un gran número de países europeos.

También valora la posibilidad de fijar límites a la concentración sectorial y poder establecer condiciones sobre la concesión de préstamos, adquisición de títulos de renta fija y derivados por parte de las entidades y para operaciones radicadas en España.

Bajo estas últimas competencias podría, por ejemplo, fijar un umbral máximo de concesión en función de valor de la garantía o algo así como un ‘loan to value’ máximo. Fuentes del organismo apuntan que se estaría valorando qué activos podrían, llegado el caso, colocarse en el numerador y qué otros en el denominador.

En los trabajos preliminares sobre estas opciones se encuentra además analizando qué grupos o situaciones estarán excluidos o a los que no serían de aplicación tales requisitos como podría ser, por ejemplo, la financiación para la residencia o vivienda habitual o la antigüedad de una empresa. Si se limitase, por ejemplo, el crédito en función de sus ingresos sin más condiciones podría perjudicarse a compañías jóvenes cuyo apalancamiento puede ser superior por la fase de arranque de los proyectos.

La intención con la normativa ahora en consulta previa es dar forma y objetivar una serie de herramientas que, en cualquier caso, solo se activarían si se dan las circunstancias necesarias. Y es que el objetivo final es evitar un aumento del riesgo sistémico que amenace la estabilidad financiera, garantizando al tiempo que el sector financiero contribuye al crecimiento económico y se fortalecen sus balances.

Por otro lado, este tipo de herramientas "puede contribuir a proteger la solvencia financiera de los prestatarios a medio plazo, evitando que las condiciones de los préstamos supongan una carga excesiva en sus recursos", detalla el texto puesto a consulta.

La autoridad macroprudencial creada para identificar riesgos económicos y financieros, monitorizarlos y evitar conformaciones de burbujas que puedan ocasionar una repetición de la crisis, echó a andar el pasado 1 de abril.

La bautizada como Amcesfi por las siglas de Autoridad Macroprudencial de Estabilidad Financiera identifica indicadores a seguir para monitorizar los riesgos, con vistas a emitir opiniones, advertencias e, incluso, recomendaciones a los organismos supervisores para que intervengan si se necesitan reconducir situaciones preocupantes.

La aplicación de las medidas corresponde a los organismos supervisores, que serán los que tendrán la capacidad para intervenir en el mercado e imponer obligaciones a las entidades financieras llegado el caso.