Esta es la segunda vez que Quer presta declaración ante este magistrado por el presunto pago de comisiones al partido que gobernaba la Generalitat de Cataluña bajo el mandato de Artur Mas. En su declaración de hace dos semanas el interrogatorio fue más genérico, pero en esta ocasión comparece para explicar su relación con la empresa Aurín, que asesora en materia de ingeniería.

El juez De la Mata investiga al exresponsable de Infraestructuras por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, así como a los extesoreros de CDC y de su formación heredera, el PDECat, a los que también investiga.

Quer aseguró que al asumir la presidencia de Infraestructuras el servicio jurídico de este organismo le recomendó que vendiera sus acciones de una empresa de ingeniería de la que era socio, y así lo hizo con unas pérdidas de 300.000 euros.

El investigado solo respondió a la preguntas de su abogado y se disculpó por no haber acudido a anteriores citaciones escudándose en que ha vivido varios años en Chile y no tuvo conocimiento de que la justicia lo buscaba. Insistió, además, en que en su calidad de presidente no tenía participación alguna en el proceso de selección de empresas y adjudicación de contratos.

El pasado 3 de Julio Quer compareció ante el juez junto con el extesorero de la extinta CDC Daniel Osacar y el empresario Jordi Sumarroca. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar. Por su parte, Quer, expresidente de la empresa de la Generalitat Infraestructures.cat, fue el único que contestó a las preguntas del juez para desvincularse de las contrataciones bajo sospecha.

En su anterior comparecencia Quer aseguró que no conocía la dinámica de adjudicaciones y no participaba en la mesa de contratación. Insistió en que tampoco tenía función alguna en la Oficina Tècnica d'Avaluació (OTA), el organismo que analizaba con carácter previo las ofertas de las empresas que aspiraban a lograr adjudicaciones.

Ahora ha declarado como investigado por otra instrucción vinculada al 'caso del tres por ciento', que tiene su origen en un informe de la Guardia Civil sobre empresas privadas de ingeniería que se presentaban a concursos de asesoría técnica y luego pactaban supuestamente entre sí para hacerse con los contratos.

Se investiga si varias de esas empresas se ponían de acuerdo sobre el monto de sus ofertas para excluir a posibles competidoras de los procesos de investigación. Se sospecha que varias empresas públicas dependientes de la Generalitat podrían estar al tanto de estos manejos y participar en el entramado corrupto.