El extesorero de Convergència declara otra vez en la Audiencia Nacional por presuntas adjudicaciones irregulares

MADRID
SERVIMEDIA

El que fuera presidente de Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña Josep Lluis Quer declarará de nuevo en la Audiencia Nacional ante el juez José de la Mata en relación con el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas irregulares por servicios de ingeniería, dentro del `caso del 3 por ciento´.

Esta es la segunda vez que Quer presta declaración ante este mismo magistrado por el presunto pago de comisiones al partido que gobernaba la Generalitat de Cataluña bajo el mandato de Artur Mas. En su declaración de hace dos semanas el interrogatorio fue más genérico, pero en esta ocasión comparece para explicar su relación con la empresa Aurín, que asesora en materia de ingeniería.

El juez De la Mata investiga al exresponsable de Infraestructuras por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, así como a los extesoreros de CDC y de su formación heredera, el PDeCAT, a los que también investiga.

El pasado 3 de Julio Quer compareció ante el juez junto con el extesorero de la extinta CDC Daniel Osacar y el empresario Jordi Sumarroca. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar. Por su parte, Quer, expresidente de la empresa de la Generalitat Infraestructures.cat, fue el único que contestó a las preguntas del juez para desvincularse de las contrataciones bajo sospecha.

En su anterior comparecencia, Quer aseguró que no conocía la dinámica de adjudicaciones y no participaba en la mesa de contratación. Insistió en que tampoco tenía función alguna en la Oficina Tècnica d'Avaluació (OTA), el organismo que analizaba con carácter previo las ofertas de las empresas que aspiraban a lograr adjudicaciones.

Ahora debe declarar como investigado por otra investigación vinculada al 'caso del 3 por ciento', que tiene su origen en un informe de la Guardia Civil sobre empresas privadas de ingeniería que se presentaban a concursos de asesoría técnica y luego pactaban supuestamente entre sí para hacerse con los contratos.

Se investiga si varias de esas empresas se ponían de acuerdo sobre el monto de sus ofertas para excluir a posibles competidoras de los procesos de investigación. Se sospecha que varias empresas públicas dependientes de la Generalitat estaban al tanto de estos manejos y participaban en el entramado corrupto.

(SERVIMEDIA)
15 Jul 2019
SGR/caa