Según esta entidad, ambas medidas fueron ya reclamadas por la ONU y España sigue sin cumplirlas. Cada cinco años, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas evalúa la situación de los derechos humanos en los 193 estados miembros de la organización. 42 países son revisados cada año y reciben recomendaciones del resto.

A principios de 2020 volverá a ser el turno de España, y hasta el 18 de julio las organizaciones de la sociedad civil pueden enviar sus recomendaciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por este motivo, la Plataforma de Infancia ha elaborado un documento donde examina el grado de cumplimiento de las recomendaciones planteadas hace cinco años con nuevas propuestas, basado en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

En línea con el Defensor del Pueblo, reclama mayor protección para los menores extranjeros no acompañados y, entre otros puntos, pide regular por ley el procedimiento de determinación de la edad, absteniéndose de utilizar métodos médicos imprecisos basados en el análisis de los huesos y el examen de la dentición; considerar auténticos los documentos de identidad que aporten los niños y niñas emitidos en sus consulados o embajadas, y asegurarles el derecho a ser oídos mediante la asignación de un representante legal y de asistencia letrada.

Además, la ONG exige aumentar la inversión contra la pobreza infantil, pues "aunque se han dado pasos en el último año", los fondos son insuficientes.

Por eso, insta al Ejecutivo a incrementar la prestación por hijo a cargo hasta 2022 de forma progresiva, tanto en lo referente a umbrales -para alcanzar al menos a todos los niños en riesgo de pobreza-, como en cuantía (hasta 100 euros mensuales). Esto supondría beneficiar a cerca de 2 millones y medio de niños y niñas y reducir la tasa de pobreza infantil en un 18%, apunta la plataforma.

Además, afirma que España sigue sin especificar en sus Presupuestos Generales del Estado "qué partidas se destinan de forma específica a la infancia" (el proyecto para 2019 no fue finalmente aprobado). El documento recoge también otras recomendaciones, como aumentar la inversión para garantizar una educación inclusiva de calidad y en condiciones de igualdad para todos los niños y niñas, aprobar una ley integral para acabar con la violencia hacia la infancia, mejorar los procedimientos de identificación y atención de necesidades especiales de víctimas de trata y potenciar mecanismos que aseguren el derecho a ser escuchados de los niños, niñas y adolescentes.