Tras 60 años de conflicto, la aristócrata ha firmado un acuerdo con el ministro de Cultura, José Guirao, mediante el cual el Gobierno compra a la duquesa el derecho de uso y vivienda que le correspondía en el Palacio del Infantado por su título nobiliario, un inmueble propiedad del Estado y que aloja actualmente el Museo de Guadalajara.

El padre de la duquesa Almudena de Arteaga, el duque Íñigo de Arteaga y Martín -fallecido el año pasado- pretendía construir en uno de los torreones un apartamento de 400 metros cuadrados, todo ello amparándose en el derecho de habitación heredado de su ascendencia. Fue su familia quien, en 1960, cedió gratuitamente al Ministerio de Educación franquista el palacio, pero se reservó el derecho de uso de una parte sin determinar.

La vivienda que reclamaba el duque antes de su muerte tendría que ser costeada por el Ministerio de Cultura para, al menos, dotar de habitabilidad al espacio, de forma que no interfiriera con la actividad del museo y contara con escaleras, ascensor y lavabos. Esto, según fuentes del Ministerio, hubiera implicado una inversión de en torno a medio millón de euros.

Finalmente, y tras años de tensiones entre el Ayuntamiento de Guadalajara, el Ministerio de Cultura y los propios aristócratas, el Gobierno ha optado por comprar ese derecho de uso a la duquesa, que ha accedido tras firmar ante notario una transacción de más de 850.000 euros a su favor y procedentes de las arcas del Ministerio. La cantidad ha sido fijada mediante una tasación hecha por técnicos de Hacienda sobre el espacio que el Ducado pretendía ocupar.

De esta manera, el ministro José Guirao se asegura que ni la duquesa ni sus descendientes puedan reclamar nunca más el uso del Museo de Guadalajara como vivienda. El director de Bellas Artes, Román Fernández-Baca, destacó en una rueda de prensa tras la firma del acuerdo que se trata de una “devolución de un espacio” a la ciudadanía de Guadalajara, que llevaba años organizándose en plataformas para evitar el apartamento del duque en el museo.

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, señaló por su parte que “ha primado el sentido común” con un “acuerdo que es positivo, sobre todo para la cultura”. El consejero de Cultura de Castilla-La Mancha -que gestiona el museo de titularidad estatal-, Ángel Felpeto, reconoció la “generosidad” tanto del Ministerio como de la duquesa, al tiempo que celebró el fin de este “conflicto para la ciudad”.

EL MUSEO HOMENAJEARÁ A LOS DUQUES

El acuerdo alcanzado por la duquesa y el ministro José Guirao incluye que una parte del museo se destine para documentar y dar cuenta de “la relación del palacio con la Casa del Infantado y su aportación histórica a la ciudad” de Guadalajara.

El derecho de los duques para la construcción del apartamento, que iban a destinar a “vivienda ocasional”, vino recogido en una sentencia de 2016 del Juzgado de primera instancia de Guadalajara y que obligaba al Ministerio a adecuar las dependencias pertinentes para la residencia de los aristócratas. El acuerdo implica, por tanto, que este derecho de uso queda sin efecto al haber sido comprado por el Gobierno.