Así se manifestó Gené ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes independentistas por la convocatoria y celebración del 1-O. La letrada de Borràs aseguró que “no ha sido comprometido gasto” y que ni la Consejería de Gobernación ni su personal participó en “ningún gasto”.

“No se entiende por qué se piden siete años de cárcel”, aseguró, para posteriormente pasar a desglosar las supuestas partidas presupuestarias afectadas por el delito de malversación. “No se supera en ninguno de los actos ni el óbice competencial ni el óbice temporal”, subrayó. “No se hace nada en el CTTI y la famosa nave se utiliza por primera vez en las elecciones del 155”, apuntó.

Respecto a la publicidad institucional, recordó que “ninguna de ellas” se contrató desde el departamento de Gobernación. En cuanto a las papeletas y material electoral, resaltó, la consejería “no tenía ningún contrato marco con Unipost”, y destacó que “tampoco era uno de estos cinco supuestos departamentos que aceptaba, según la Fiscalía, el supuesto pago de esas facturas proforma”.

Todos estos actos de malversación tenían una pauta común, según la Fiscalía, recordó: “la utilización de contratos marco”. Sin embargo, apuntó, “el Ministerio de Hacienda recomienda recurrir a este tipo de contratos cuando la Administración debe llevar a cabo gastos recurrentes, porque esto supone una racionalización del gasto”, algo que, a su vez, subrayó, “no supone rebajar el nivel de control”. Asimismo, resaltó que estos contratos marco no fueron impugnados y fueron publicados.

En cuanto a los locales, del listado aportado por las acusaciones “no hay ni un solo local del departamento de Gobernación, tampoco una sola carta de Meritxell Borràs o de miembros de su departamento pidiendo la puesta a disposición de locales para el 1-O”, resaltó la letrada. “Ni un solo tuit, ni declaración pública, ni una sola reunión en la agenda Jové, ni en la Moleskine; búsquenla por donde quieran, que ni aparece; ninguno de los 10.000 correos electrónicos que se le intervinieron tiene que ver con esto”.

La letrada acusó al Ministerio Público de traer a colación “aquello que le beneficie, no lo que refleja una visión global de los hechos”. Según Gené, “el celo acusador de la Fiscalía le ha privado de hacer un análisis global de los hechos que sin duda le hubiera llevado a no hacer una acusación tan grave”.

Finalmente, pidió la absolución de Borràs, exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, en libertad bajo fianza. El fiscal pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado, por su parte, pide siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.