El letrado desacreditó el valor del documento incautado por la Policía a Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras en Economía. "'Enfocats' es un panfleto que me pondría a reir si no fuera tan serio; es un compendio de lugares comunes, de fantasía, de marketing. Nadie sabe quién lo ha escrito, se decomisa en un registro no firmado por su autor. 'Enfocats' es nada, es un pretexto que se alza como prueba de cargo por la razón de que lo han repetido mil veces”, dijo.

En relación a la protesta del 20-S, el abogado insistió en que fue "espontánea" y no "dirigida", y que se convirtió en “viral” por efecto de los medios de comunicación. Insistió en que los registros se produjeron sin incidencias, desacreditó el testimonio de la secretaria judicial que salió por la azotea del Departamento de Economía por su ideología abiertamente antiindependentista y remachó que los únicos daños probados son los que se produjeron a los vehículos de la Guardia Civil.

"El origen de esta causa es la monitorización de un movimiento político", denunció el letrado. "Se investigó a la Generalitat de Cataluña basándose en recortes de diario" y se ha obviado en este juicio “la investigación policial de un año y medio previa a la causa que llega al juzgado número 13" de Barcelona. "Todo lo que hemos visto aquí viene de esa causa ilegal”, sentenció el letrado. El hilo conductor de su argumentación es la idea de que "lo que se persigue aquí es una ideología", subrayó Van den Eynde.

Entrando en detalle, el letrado cargó contra el responsable de la investigación, el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, al que se encargó “un trabajo para el que no estaba cualificado. Todos saben que Baena es Tácito en Twitter”, un perfil abiertamente antiindependentista desde el que se lanzaron tuits como el que decía: "Los que dicen que la tierra es plana reconocen la República de #catalunya".

Denunció, a su vez, que "los documentos que han aportado como prueba parte de las acusaciones se han mantenido en secreto para las defensas", y resaltó las innumerables “contradicciones” que ha habido entre la Fiscalía y Abogacía del Estado, que no están de acuerdo en el tipo penal que solicitan.