El TSJN ha dictado este auto siguiendo la petición de la Asesoría Jurídica de la Comunidad Foral de Navarra, que solicitaba la nulidad de la sentencia “por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución”, según dicta el auto.

Antaxi celebró esta decisión, que, tal y como explicó su presidente, Julio Sanz, “es también el resultado del trabajo que se hace desde Antaxi, que está presente en todos los procedimientos de solicitudes abiertos, para exigir que se cumpla la ley”.

Desde 2017 Antaxi ha solicitado información de todos los procedimientos judiciales referentes a la concesión de VTC en aquellos lugares en los que tiene representación. En concreto, en Navarra, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Aragón, Murcia, Córdoba, Sevilla, Mérida y Madrid, “en la que la opacidad de la Administración madrileña es notable frente a la transparencia del resto de comunidades”, incidió Sanz.

Antaxi indicó que hasta el momento ha conseguido que no se concedan más de 800 autorizaciones por irregularidades en los procedimientos judiciales en toda España, “número que esperamos que se incremente próximamente, ya que estamos a la espera de que se resuelvan otros procesos abiertos”, concluyó Sanz.