El informe refleja que la actividad concesional continúa en mínimos históricos y vuelve a caer en 2018, con 97 millones de euros en 2018, en un descenso del 1% en relación al año anterior y muy alejado de los 10.300 millones de 2010 (-99%).

Por su parte, la licitación pública de obra civil crece un 34%, hasta los 11.203 millones, impulsada por el Ministerio de Fomento, y la contratación pública lo hace en un 40%, hasta alcanzar los 7.131 millones aunque, en ambos casos, estas cifras representan la mitad del volumen de 2007 y continúan en niveles próximos a los mínimos históricos.

Con respecto a la licitación pública de edificación, crece también un 19% hasta 5.560 millones, promovida por las infraestructuras de equipamiento social.

En relación a la contratación pública, el incremento ha venido motivado por el avance del Estado - Ministerio de Fomento - hasta los 2.200 millones (+46%) y de las Administraciones Locales hasta los 2.500 millones (+59%). Las comunidades autónomas (CCAA) han subido hasta los 2.400 millones (+20%). En 2018, las bajas se han moderado generalizadamente, aunque, en el ámbito del Estado, siguen alcanzando niveles cercanos al 30%.

En el informe, se analizan los efectos de la consolidación fiscal en lo relativo a la reducción del déficit público, poniendo de manifiesto que este proceso se ha centrado, fundamentalmente, en la reducción de la inversión pública hasta situarse en los niveles actuales de mínimos históricos (España invierte 30.900 millones menos que en 2007), y se detalla cómo las prioridades de gasto social condicionan cada vez más la inversión pública (en 2018, las partidas de protección social, salud y educación, totalizaron 321.130 millones, representando el 64,3% del gasto público total).

DÉFICIT INVERSOR

Actualmente, España invierte en infraestructuras de salud un 20% menos por habitante que la media europea (52 frente a 65 euros), en infraestructuras de educación un 62% menos (34 frente a 89 euros), en infraestructuras de protección del medio ambiente un 45% menos (24 frente a 44 euros) y en infraestructuras de transporte un 40% menos (124 vs 206 euros por habitante). En dicho periodo, España obtiene además el menor ratio de inversión pública por habitante de toda Europa (con 1.152 euros al kilómetro cuadrado por millón de habitantes) y consolida la mayor caída de inversión pública (el -29%, respecto del periodo 1995-2018).

Según se explica en el documento, la actividad concesional (colaboración público – privada) ausente desde el año 2012 y aún en caída en 2018 (-1%), es la alternativa al presupuesto público para cumplir los objetivos de inversión que tiene España. “Es imprescindible recuperar la colaboración público-privada como modelo de financiación extrapresupuestaria para resolver el déficit inversor, ya que las prioridades de gasto social, la reducción de la deuda pública y el pago de sus intereses no permitirán en los próximos años atender las necesidades de inversión de infraestructuras con cargo a los presupuestos públicos”, señala Julián Núñez, Presidente de Seopan.

Los datos agregados de las empresas integrantes de la patronal muestran en comparación con 2017 un ligero aumento de la actividad de construcción nacional del +6% (4.758 millones), principalmente motivado por la subida de la edificación del +27% (2.435 millones), ya que la actividad en obra civil ha seguido cayendo un 9% (2.322 millones), cuya producción es 4,5 veces inferior a la realizada en 2007. Asimismo, el empleo directo crece un +6% (14.234 empleos).

Por su parte, la ejecución presupuestaria de los dos mayores ministerios inversores ha sido de un 94% en el Ministerio de Fomento (1.717 millones de 1.832) y tan solo de un 65% en el caso del Ministerio para la Transición Ecológica (434 millones de 664).