Según informaron las citadas entidades, la iniciativa es "un gran retroceso en el derecho a una información fiable y de calidad", porque las experiencias existentes ya en Estados Unidos y Canadá evidencian que la información que la industria facilita a los profesionales "contiene numerosos sesgos que magnifican los efectos de los productos farmacéuticos y minimizan o esconden los riesgos para la salud".

Para la Asociación Internacional de Política Sanitaria y para la Fadsp, "resulta difícil pensar que la industria, que fabrica los productos y tiene intereses directos en promocionar su venta, pueda favorecer una información objetiva e imparcial".

Por este motivo, vaticinan las entidades, lo previsible es que esta información "se dirija a fomentar un consumo inapropiado de medicamentos y a disparar el gasto farmacéutico", lo que resulta "especialmente irresponsable y peligroso" en un momento de crisis económica y además puede derivar en daños a la salud de los pacientes.

La normativa deja en manos de los estados miembros de la UE la regulación final de esta información, por lo que es posible establecer mecanismos de control para que "disminuyan los efectos mas nocivos" de la medida.