Así lo explicó la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó que de las 75 nuevas unidades judiciales, 53 serán unidades judiciales unipersonales y 22 serán nuevas plazas de magistrados en órganos colegiados.

Especificó que 21 de estas unidades serán juzgados de primera instancia, ocho de primera instancia e instrucción, seis juzgados de lo penal, once juzgados de lo social, cuatro juzgados de lo mercantil y uno un juzgado decano exclusivo.

Destacó que las nuevas unidades judiciales se repartirán entre las 17 comunidades autónomas atendiendo a criterios de reparto establecidos tras el “diálogo constante” con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con las asociaciones y corporaciones judiciales.

Añadió que se pondrán en marcha dos juzgados en la Comunidad Valenciana que fueron creados en 2011 y que no se constituyeron “por falta de voluntad”.

Por su parte, indicó que la creación de 80 plazas de fiscales supone una ampliación de la plantilla de la carrera fiscal inédita en los últimos cuatro años que tiene como objetivo paliar “las importantes carencias en el desempeño de la función del ministerio fiscal y que se consensuado con las asociaciones de fiscales y con los grupos de trabajo creados ‘ad hoc’ para tratar esta cuestión.

Avanzó que nueve de estas plazas se crearán en la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada y otra más en el Tribunal de Cuentas, lo que, a su juicio, evidencia el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción.

Apuntó que se adecúa la plantilla del Ministerio Fiscal a las necesidades existentes en el Campo de Gibraltar con el objetivo de garantizar una respuesta judicial proporcionada y adecuada al fenómeno de la criminalidad organizada creciente en la comarca y las provincias limítrofes, principalmente en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas y el blanqueo de capitales.

Esta decisión complementa a la creación de cinco unidades judiciales dentro del Plan Integral Campo de Gibraltar con cargo a los presupuestos de 2018.

También confirmó que se ha descentralizado la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que se ha creado la figura del fiscal de sala coordinador para personas con discapacidad y personas mayores en situación de vulnerabilidad y que se incentivará el ascenso a la segunda categoría de fiscales y magistrados a mujeres.

Concretó que se amplía el número de plazas en aquellas fiscalías que han requerido durante, al menos, los tres últimos años, medidas específicas de refuerzo para afrontar el incremento de carga de trabajo.

Cifró en 15 millones de euros la creación de estas unidades judiciales y de las 80 plazas de fiscales, que consideró “una inversión estructural, fundamental en materia de justicia”.

Por otro lado, arguyó que presentó al Consejo de Ministros un informe sobre la estrategia de modernización y digitalización de la justicia que abarca la puesta a disposición de herramientas informáticas adecuadas, la “anonimización” de documentos públicos y la creación de una nube para abogados y procuradores.

La aprobación de esta estrategia se acompañó de dos contratos para nuevas tecnologías por un importe total de 164 millones de euros.

El primero de ellos es un encargo a la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Fomento, para el apoyo a la justicia electrónica, la gestión del centro de desarrollo y la transformación digital de sedes judiciales. Tendrá una vigencia hasta 2022 y está valorado en 99.724.637,31 euros.

El segundo contrato tiene un valor máximo estimado de 64.384.365,69 euros y tendrá también una vigencia de hasta cinco años, dando continuidad operativa a los servicios de justicia digital, fiscalía digital y el resto de sistemas que dan apoyo a las oficinas judiciales, fiscales, registros civiles, institutos de medicina legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.