El programa contempla 500 propuestas agrupadas en 10 bloques que siguen el decálogo enunciado por el presidente nacional del PP, Pablo Casado, en la Convención Nacional.

El primer bloque aborda el fortalecimiento de la nación a través de una batería de medidas legislativas anunciadas estos meses por Casado como la Ley de Lengua, la Ley de Símbolos Nacionales y la Ley de Concordia.

Así, por ejemplo, el partido de Pablo Casado aboga por la tipificación de la convocatoria ilegal de referendos y por la prohibición de indultos por rebelión y sedición.

El programa recoge, asimismo, una iniciativa para garantizar el “correcto cumplimiento” del requisito de prestación de juramento o promesa de la Constitución por los cargos electos y autoridades públicas, prohibiendo “cualquier variación o añadido que lo desnaturalice o vacíe”. Incumplir este acatamiento supondría la pérdida de condición de parlamentario.

El segundo apartado versa sobre la “revolución fiscal”, basada en impuestos bajos y estabilidad presupuestaria. Esto se traduce en situar el tipo máximo del IRPF por debajo del 40%, una bajada del impuesto de sociedades a un tipo máximo del 20%, la supresión de los impuestos de sucesiones, donaciones y Actos Jurídicos Documentados.

En materia educativa, el PP promete aprobar una ley que garantice la libertad educativa, que la lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio sea el castellano y un MIR educativo para seleccionar a “los mejores” profesores.

Para tener “más y mejor sociedad del bienestar”, el programa del PP contempla una “atención integral” a los mayores y a las personas en situación de dependencia que pasa por un plan de reducción de las listas de espera en las solicitudes de ayudas para la dependencia a un máximo de 30 días.

Igualmente, el PP se compromete a desarrollar una estrategia nacional contra la soledad de los mayores, en lo que dicen que será una política integral para fomentar el envejecimiento activo y saludable, la autonomía personal, la salud física y mental o la solidaridad intergeneracional.

El quinto bloque, dedicado a la familia y a las “políticas sociales para la igualdad de oportunidades”, se centra en el reto demográfico y en la propuesta de una ley de apoyo a la maternidad con un conjunto de medidas para ponerla en valor, ampliar las medidas de conciliación y corresponsabilidad, así como impulsar medidas fiscales en favor de las familias.

Un sexto apartado, titulado “una economía moderna y avanzada”, habla del empleo como “la mejor política social” y recoge el compromiso de agilizar al máximo el proceso de constitución de empresas, poniendo en marcha “una autopista administrativa” para que en siete días, como mucho, puedan crearse nuevos proyectos.

En el séptimo bloque, basado en promover “más oportunidades para las personas”, el PP asegura que impulsará una fiscalidad que promueva la modernización del parque móvil y la aprobación de planes para la renovación de los vehículos más contaminantes, eliminando “las restricciones indiscriminadas” para los vehículos diésel.

Seguidamente, el PP propone un Plan de Desarrollo de la España Rural para fomentar la actividad económica, la diversificación, la creación de empleo y el emprendimiento en las zonas con escasa población o en vías de despoblación.

En el penúltimo bloque, el PP reseña que es “esencial reforzar la independencia de los jueces y magistrados” y reafirma su voluntad de ampliar los supuestos en los que será aplicable la prisión permanente revisable para “la prevención de los delitos más graves”.

Por último, el PP se refiere a “los retos globales de una sociedad abierta” y propone un “plan especial contra la inmigración irregular” que contemple “la mejora de los medios a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.