Así lo deslizan fuentes de la dirección nacional del PP, refiriéndose a la promesa del líder del partido de llevar el 155 al primer Consejo de Ministros en el caso de formar Gobierno después del 28-A y asentarse en La Moncloa. “Hay debates en los que hay que romper la placa de hielo para que te sigan”, argumentan desde Génova.

El PP ahora estaría dispuesto a asumir la aprobación del 155 en solitario, a diferencia de lo que hizo Mariano Rajoy pactando con el PSOE y Ciudadanos, tanto en el tiempo como en la forma, la puesta en marcha de este precepto constitucional en Cataluña. Los populares creen que entonces quedó demostrado que “no pasa nada” por aplicar la Constitución.

Precisamente por ello no entienden “por qué no se puede volver a aplicar”, en este caso sin condicionantes impuestos por terceros. Recalcan que no se trata de una “medida coactiva” e insisten en que serían el resto de partidos los que tendrían que explicar a sus electores las razones por las que reniegan de “hacer cumplir la ley” en España con la extensión necesaria en un momento en el que el independentismo no persiste en su “desafío” al Estado.

OPCIÓN B

En todo caso, en el PP ya han pensado qué hacer si desde La Moncloa los números no dan para poder activar el 155. Si no se revalida la mayoría absoluta del Senado, cámara que ha de aprobar la aplicación de este mecanismo constitucional, los populares defenderían la presencia del Estado en Cataluña desarrollando la ley actual en todas las competencias posibles.

Se trata, en síntesis, de un reforzamiento institucional de la nación en todas las competencias para que se cumpla la Carta Magna “desde el artículo 1 hasta la disposición final”. Si no puede hacerse por la vía del artículo 155, por ejemplo se podría garantizar la "prevalencia" de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre los Mossos d’Esquadra en base a la ley actual.

“Si los Mossos reciben órdenes ilegales, en base a la legislación en vigor, ese mando puede responder al Ministerio del Interior, que es la última instancia”, explican las fuentes consultadas. “El Estado existe en España”, añaden.

En este ‘plan b’ también se contempla cerrar las “falsas embajadas” o ‘diplocats’ únicamente haciendo valer la ley de acción exterior. Aseguran las citadas fuentes que de la misma forma se podría actuar, en base a las normativas ya en vigor, para poner orden en el ámbito sanitario, en la educación o en la televisión pública.