Así se lo trasladaron esta mañana a Quer los candidatos de Ciudadanos Ignacio Prendes, que ha sido portavoz de Justicia de su partido en los últimos años, y Edmundo Bal, abogado del Estado que ha fichado por la formación de Albert Rivera.

Prendes, Bal y Quer comparecieron ante los periodistas tras reunirse esta mañana en Madrid, encuentro en el que el padre de Diana Quer dio cuenta a sus interlocutores de la entrega que ha hecho en el Congreso de 3,3 firmas de españoles en favor de que se mantenga la prisión permanente revisable.

Quer indicó que, tras entregar en la Cámara Baja las firmas en favor de la prisión permanente revisable, se está entrevistando con los dirigentes de los distintos partidos para conocer su posición sobre esta pena de cara a los comicios del 28-A.

“PROTECCIÓN DE LA SOCIEDAD”

El padre de la joven cuyo asesinato confesó Enrique Abuín, alias ‘El Chicle’, explicó que la formación naranja le transmitió este lunes su posición “clara” en favor de mantener la prisión permanente revisable una vez que se pronuncie al respecto el Tribunal Constitucional, ante recurrieron varios partidos.

Quer añadió que el partido de Rivera también le comunicó su respaldo a ampliar esta pena la próxima legislatura para los casos de violadores en serie; para los acusados de secuestro y asesinato de una persona; y para los crímenes con ocultación del cadáver.

A este respecto, Prendes señaló que Ciudadanos considera que la prisión permanente revisable es “plenamente constitucional” y su validez está avalada por su existencia en otros países europeos. Añadió que cuando el Constitucional “valide” esta forma de cumplimiento de condena, la formación naranja apoyará su ampliación para los casos planteados por Quer, a lo añadirá mejoras para evitar el “agujero” que suponen el tercer grado y los permisos para determinados presos peligrosos.

Por su parte, Bal indicó que la prisión permanente revisable “no es un sistema de venganza”, sino de “protección de la sociedad”. Sostuvo que no evita la reinserción, sino que garantiza que no se excarcele a condenados hasta que se certifique que están preparados para reintegrarse en la sociedad.