La bautizada como Amcesfi por las siglas de Autoridad Macroprudencial de Estabilidad Financiera celebrará la primera reunión bajo la presidencia de la ministra de Economía y Empresa, Nadial Calviño, y con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, con el cargo de vicepresidente.

Su consejo de administración también lo integran y asistirán al encuentro el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella; y su vicepresidenta, Ana María Martínez Pina; la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez.

La presidencia recae en el titular de Economía a semejanza de autoridades gemelas en Europa como la alemana; aunque su Comité Técnico, más gestor, lo liderará la subgobernadora del Banco de España y en ambos organismos decisorios tendrán representación mayoritaria los representantes de los tres organismos supervisores.

La responsabilidad de la Amcesfi será el "monitoreo" regular y "evaluación" de los riesgos sistémicos, con vistas a emitir opiniones, advertencias e, incluso, recomendaciones a los organismos supervisores para que intervengan si se necesitan reconducir situaciones preocupantes.

Su creación se ha gestado con dos iniciativas normativas: una para constituir la autoridad y otra para añadir competencias a los organismos supervisores ya que serán los que, en última instancia, tendrán capacidad para intervenir en el mercado e imponer obligaciones a las entidades financieras llegado el caso.

Así, entre otros poderes ha capacitado al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la dirección general de Seguros y Planes de Pensiones para que puedan limitar el endeudamiento de las entidades que supervisan en exposiciones de riesgo (inversión, crédito, etc) o imponerles medidas como exigir huchas mayores de liquidez a las gestoras a fin de garantizar los reembolsos a sus clientes en caso de tensión de los mercados.

El organismo estará obligado a presentar un informe anual sobre su trabajo y presentarlo en el Congreso de los Diputados, y el Ministerio de Economía efectuará una revisión del mecanismo cada tres años para detectar posibles mejoras, comenzando dicha primera auditoría en el año 2022.