El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, solicita en su querella que se cite a declarar al presidente. La Fiscalía General del Estado remitió a la Fiscalía Superior de Cataluña toda la documentación de la Junta Electoral Central para que estudiara si veía delito de desobediencia en la actuación del presidente de la Generalitat, que agotó el plazo para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos de Cataluña y los sustituyó por pancartas a favor de los presos del `procés´.

La querella relata que el pasado 11 de marzo la Junta Electoral Central instó al presidente de la Generalitat que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos para "mantener la neutralidad política" en los procesos electorales.

El 18 de marzo la JEC ratificó su decisión. La Fiscalía cree que Torra desatendió el requerimiento "consciente y deliberadamente" y que mantuvo los lazos "de manera encubierta" utilizando "imágenes, figuras y simbología en general de la misma naturaleza ideológica y partidista".

"Nos encontramos aquí ante un requerimiento claro y expreso emitido por la máxima autoridad administrativa en materia de control de procesos electorales cual es la Junta Electoral Central, el cual ha sido reiteradamente desatendido", dice la Fiscalía que entiende que se trata de un asunto de "especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía, que debe ser especialmente tutelado y preservado".

Más tarde, el 21 de marzo, la JEC exigió al consejero de Interior, Miquel Buch, que actuara ante la “voluntad de desobedecer" demostrada por Torra. A su entender, el cambio de los lazos amarillos por otros de diferente color y con lemas a favor de los presos del `procés´ “no se puede entender como un intento de cumplimiento formal y no tiene otra finalidad que burlar los requerimientos emitidos por esta junta".

En consecuencia, la Fiscalía pide que se tome declaración a Torra, la entrega de las actas policiales sobre el cumplimiento de la orden de la JEC, el documento jurídico que se encargó al Departamento de Presidencia y la declaración del comisario jefe de los Mossos d'Esquadra sobre el cumplimiento de la última resolución de la JEC.