Se otorgaron un total de 2.465 ayudas a un colectivo de más de 1.000 trabajadores y/o sus familias que, debido a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional grave, se encontraban en una situación de especial necesidad y acreditaron carecer de medios para afrontarla.

La mayor parte de estas ayudas se destinaron para gastos escolares de los hijos de estos trabajadores, que ascendieron a 575.700 euros, 21,3% del total. Le siguieron muy de cerca las concedidas para el pago de las viviendas, ya fuese propia o en alquiler, y la supresión de barreras arquitectónicas con un total de más de 575.000 euros.

En tercer lugar, con 455.000 euros, se situaron las ayudas para dietas y desplazamientos de los acompañantes de accidentados graves, cerca del 17% de las ayudas totales, por delante de las ayudas para asistencia domiciliaria, que alcanzaron los 226.554 euros (8,4%) y las destinadas a la adquisición de vehículos adaptados a la discapacidad del accidentado (117.800 euros).

Por provincias, Madrid registró el mayor número de personas beneficiadas con estas ayudas, con 259, seguida de Murcia (119), Alicante (96), Asturias (81), Toledo (35), Valladolid (35) y Málaga (32), aunque la distribución se realizó de forma generalizada en todo el territorio nacional.