Así lo ha determinado el magistrado del juzgado central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en un auto fechado el pasado día 15 y donde respalda la opinión del Ministerio Fiscal, contraria a eximir al grupo cántabro de la responsabilidad en el proceso judicial abierto por un colapso del Popular que fulminó la inversión de sus accionistas y bonistas.

El Santander demandaba su desimputación alegando que la resolución del entonces sexto banco "se equipara a su disolución material, con la consiguiente extinción de su eventual responsabilidad penal" y pedía un trato igual al recibido por Caixabank sobre los juicios en Banco de Valencia.

"El instructor no comparte en absoluto dicha interpretación, la cual, por otra parte creemos que es incompatible con el mandato legal", refiere el auto del tribunal, que desecha la equiparación con Banco de Valencia porque dicha entidad fue intervenida por el Banco de España, cesado su consejo y recapitalizada por el Frob, antes de adjudicarla en un concurso público a Caixabank.

"La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en la que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulte de la excesión", sostiene el auto.

El escrito reconoce que, no obstante, que esta transmisión de responsabilidades es controvertida y genera posturas opuestas en el ámbito doctrinal, con autores como el catedrático Múñoz Conde que alertan sobre el riesgo de convertir una fusión en una "lavadora automática" si con una fusión se pusiese el contador a cero, o el profesor Jacobo Dopico defendiendo que se valore o se cometerá el riesgo de enjuicie a un sujeto por unos hechos que "ni pudo evitar, ni le era atribuible".

El auto encuentra el camino intermedio al rechazar al Santander su exención al considerar "necesaria" su intervención "en concepto de investigada" durante el proceso, pero aboga al mismo tiempo porque durante el proceso de instrucción se "deberá analizar el apartado de riesgos legales contemplados en el proyecto de fusión, con especial detenimiento en los de naturaleza penal". "Y tras ello- agrega el escrito-, ponderar la posible culpabilidad del Banco Santander".

Así el Santander continúa a efectos prácticos como el heredero de la responsabilidad durante la investigación judicial, pese a que su investigación se cierne sobre la gestión y quiebra del Popular bajo el mando de sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, junto a sus exconsejeros y exdirectivos.

Bajo el foco está la ampliación efectuada en 2016 y con la que, según la estrategia que comunicó el Popular dirigido por Ron entonces al mercado, sanearía su balance y garantizaría su futuro.

La investigación trata de averiguar si se incurrió en una presunta manipulación de mercado, ya que el banco tuvo posteriormente que ajustar sus cuentas, reforzar las provisiones y al final acabó colapsando, aunque por la sangría de depósitos causada bajo mandato de Saracho con los constantes mensajes negativos que se filtraron al mercado.