El nombramiento por parte del conseller Buch de un mosso d'esquadra como personal eventual del departamento fue denunciadó por el grupo parlamentario de Ciudadanos.

Según el decreto de apertura de diligencias, proporcionar servicio de escolta con cargo al erario público a una “persona contra la que consta dictado un auto de procesamiento firme" y contra la que hay orden de busca y captura podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

Según los datos que constan en poder de la Fiscalía, el agente fue contratado como personal eventual por la Conselleria de Interior el pasado 25 de julio de 2018. El contrato se suscribió en calidad de asesor en sistemas de seguridad, con una retribución bruta anual de unos 60.000 euros.

La Fiscalía ha ordenado a los Mossos que averiguen si este agente está haciendo labores de escolta con Puigdemont y para ello pide que se le informe de las fechas y lugares en que ha desarrollado sus tareas y si las realizó con "el conocimiento y/o la aquiescencia de la autoridades o funcionarios" del departamento del que depende.