En un comunicado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra este jueves, AI subrayó que el racismo "es un problema invisible en España", ya que "no existen suficientes datos oficiales que permitan conocer la magnitud de esta violación de los derechos humanos".

Apuntó que esta situación ha salido ahora a la luz pública tras "los gravísimos incidentes ocurridos en Castelldefels el sábado 9 de marzo", cuando un grupo de jóvenes asaltó el Centro Cal Ganxo, donde residían menores extranjeros no acompañados, agrediendo a educadores y menores y destrozando mobiliario.

No es el único incidente racista ocurrido en Cataluña contra 'menas' en las últimas semanas, prosigue, puesto que el 28 de febrero un grupo de menores del Centro Can Xatrac, en Canet de Mar, fue acosado durante una protesta vecinal contra su presencia en la localidad. En el mismo lugar, el 5 de marzo, un hombre armado con un machete entró en el centro, donde viven unos 50 menores, aunque no hirió a nadie.

Amnistía pidió a las autoridades que cualquier delito con motivación racista sea tipificado como tal en el Código Penal, que debería expresamente incluir en la definición de los delitos de odio todos aquellos motivados por la raza, el color, el idioma, la nacionalidad y la identidad de género. "También deben garantizar que los sujetos sospechosos de estos crímenes son puestos a disposición de la justicia, mediante una investigación pronta e imparcial", y reclamó que todas estas pesquisas sean "realizadas de oficio, independientemente de que la víctima del delito quiera denunciar, cuando hay una clara razón para sospechar que detrás del ataque hay una motivación racista".

PIDE RESPONSABILIDAD

Además, AI alertó sobre los discursos políticos "irresponsables" que relacionan genéricamente la inmigración con la criminalidad, y exigió a las autoridades "una condena pública de cualquier ataque racista", para "dejar claro que no se tolerará ningún ataque basado en la discriminación”.

Asimismo, reclamó la puesta en marcha de medidas de carácter legal, político, social, educativo o de sensibilización para luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia, incluida una legislación general contra la discriminación en todos los ámbitos (el lugar de trabajo y residencia y el acceso a la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, la vivienda o a locales de entretenimiento).

Según AI, en España "hay una total opacidad en cuanto a los ataques racistas" y "esta falta de información puede ocultar un fenómeno más extendido".

Por otra parte, "la inexistencia de órganos independientes de promoción de la igualdad o para asegurar la adecuada implementación de políticas, legislación e investigación de estos ataques de carácter racista muestran una voluntad política insuficiente para conocer su dimensión y atajarla”, concluyó.