El testimonio de Trapero es clave para desentrañar los detalles de la actuación del cuerpo policial autonómico antes y durante el 1-O. Lo previsible es que se niegue a declarar por estar procesado en la Audiencia Nacional por un delito de sedición en relación con estos mismos hechos. En su calidad de testigo estaría obligado a decir la verdad y a responder a todas las partes, lo que podría poner en peligro su derecho de defensa en la causa que tiene abierta.

Trapero ha sido acusado por el coordinador del dispositivo policial para afrontar el 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, de inacción para impedir el referéndum y de colaborar con el Gobierno de la Generalitat en la consecución del objetivo de que se celebrara la votación.

A continuación comparecerá Jové. Todos los acusados en el juicio han asegurado desconocer la supuesta hoja de ruta independentista plasmada en el documento 'Enfocats' que requisó la Guardia Civil en el registro del domicilio del ex 'número dos' de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, y que es una de las pruebas en las que se basa la Fiscalía para hablar de rebelión.

También está incurso en la causa que tiene abierta en el TSJ de Cataluña, que ha desestimado una petición suya de suspender su declaración hasta que acabe el juicio en el Supremo. Sin embargo, ha acordado posponer su declaración hasta el próximo 25 de marzo. Podría también esgrimir su condición de investigado para rehusar declarar.

Después deberá comparecer el exmagistrado y exsenador de ERC Santiago Vidal, que fue inhabilitado por tres años en 2015 por participar en la elaboración de una Constitución para Cataluña. Vidal, imputado en la causa por la que el Juzgado de Instrucción número 38 de Barcelona investiga la organización del referéndum ilegal del 1-O, también podrá decidir si declara o no.

Para finalizar las citaciones del jueves, el Supremo llamará a Carles Viver Pi i Sunyer, expresidente del Consell Nacional para la Transición Nacional y exvicepresidente del Tribunal Constitucional, también investigado por un juez de Barcelona por haber participado, presuntamente, en la creación y desarrollo de las denominadas estructuras de Estado, tanto en las llamadas leyes de desconexión como de creación de la nueva Agencia Tributaria.

ENVÍOS POSTALES

El Tribunal Supremo retomará mañana, lunes, las declaraciones de los testigos con la comparecencia de varios de los empresarios y responsables de las empresas de servicios postales que trabajaron para la realización del referéndum ilegal. Así, este lunes declararán el administrador de Unipost Pablo Raventós Saenz; su jefe de producción en Cataluña y Baleares, Albert Planas, y uno de los empleados de la empresa, Francisco Juan Fuentes. A continuación figuran citados en la diligencia de ordenación el responsable de producción de esta misma empresa Antonio Manuel Santos y el entonces responsable de proyectos del Centro de Telecomunicación y Tecnologías de la Información (CTTI), David Palanqués.

El martes 12 declarará ante el tribunal José Oriol González Martinez, propietario de Buzoneo Directo. El empresario ya declaró el pasado mes de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que recibió el encargo de una persona llamada Enric Vidal, que inicialmente se presentó como responsable de diseño de la Generalitat, pero que más tarde aseguró ser un 'freelance'.

Vidal Famadas también está llamado a declarar el martes. Coordinador de la acción política de ERC y diseñador gráfico, fue investigado como la persona que hizo los encargos para el diseño y producción del material electoral y publicitario del 1-O. Según las manifestaciones de González, contactaban con Vidal por teléfono y por correo electrónico y en ningún momento llegó a saber a qué departamento del Govern tenían que facturar.

La Guardia Civil encontró en un registro realizado en la empresa Buzoneo Directo situada en Montcada i Reixac (Barcelona) 1,3 millones de dípticos y folletos de diverso tamaño llamando al voto por la independencia y parte de ellos habrían sido impresos por Novoprint por encargo de la empresa Global Solutions.

También tiene que comparecer el día 12 Rosa Maria Sans Travé, responsable recursos humanos de Artyplan, y un trabajador de su empresa, Enrique Mary Iriarte. Las declaraciones del martes se completaran con los testimonios de dos guardias civiles.

El día 13 está llamado a declarar Jaume Mestre Anguera, responsable de Difusión Institucional de la Generalitat, que fue uno de los 10 cargos de confianza de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, todos ellos eventuales y nombrados por Carles Puigdemont, que el Gobierno destituyó nada más aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Tamnién están citados para ese día Amadeu Altajaf i Tardio, representante permanente de la Generalitat ante la Unión Europea; Alberto Royo Marine, secretario general de Diplocat; Paul Sinning, director de The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), la entidad que se hizo cargo de la misión de observadores internacionales que supervisó el referéndum del 1 de octubre, que habría cobrado supuestamente 119.700 euros por ello, y Helena Catt, que formó parte del grupo de observadores internacionales.

Ya el jueves, día 14, por la mañana están citados Antoni Molons García, secretario general de Difusión de la Generalitat; Teresa Prohias Ricart, directora de Servicios del Departamento de la Presidencia, que tuvo una destacada participación en la organización del 9-N, y Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y colaborador del ministro Cristóbal Montoro durante el periodo en que estuvieron intervenidas las cuentas de la Generalitat. Finalizará las declaraciones de la mañana David Badal Josá, empleado de la Dirección de Servicios del Departamento de Trabajo y que gestiona el sistema corporativo de la Generalitat de Gestión de los Contratos, que conoce de la factura que Unipost intentó cobrar al Govern en dos ocasiones por servicios prestados en relación con el 1-O.