Así se contempla en el borrador de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, documento que el Ministerio acaba de sacar a consulta pública hasta el próximo 13 de marzo. Asimismo, el departamento dirigido por Teresa Ribera plantea la posibilidad de aplicar respuestas extraordinarias para situaciones meteorológicas extremas como la prohibición del corte de suministro.

El documento establece una definición de la situación de pobreza energética y del consumidor vulnerable, realiza un diagnóstico de la situación en España, determina ejes de actuación y fija objetivos de reducción de este problema social que afecta a entre 3,5 y 8 millones de personas en el país, según el indicador que se analice.

La Estrategia se construye con un enfoque integral, con medidas paliativas y estructurales, y con actuaciones a corto, medio y largo plazo. El punto de partida es la necesidad de mantener y mejorar los sistemas prestacionales, compuestos en la actualidad por los bonos sociales de electricidad y térmico, que se conciben como “instrumentos de transición” que dejarán paulatinamente mayor protagonismo a “medidas estructurales que busquen afrontar el problema de raíz y a largo plazo”.

El documento define la pobreza energética como “la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente o de una vivienda ineficiente en energía”.

De igual modo, enumera manifestaciones de esta pobreza como son la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos desproporcionado sobre el nivel de ingresos, conforme a los indicadores oficiales del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV).

La definición de consumidor vulnerable, por su parte, se concreta en aquel “consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética y cumple con las condiciones para percibir las medidas de apoyo establecidas por las administraciones”.

En base al diagnóstico sobre el estado de la pobreza energética en España y el análisis de las medidas actualmente en funcionamiento, el borrador de la Estrategia plantea objetivos de reducción en el período 2019-2024 que permitan evaluar el grado de efectividad y eficiencia de las políticas públicas.

En concreto, el documento fija un doble objetivo para cada uno de los indicadores empleados: mejorar el valor más bajo de la serie 2008-2017, generalmente el del ejercicio 2008, previo al inicio de la recesión económica, o mejorar la media de la UE.

La estrategia establece medidas para mejorar el conocimiento sobre la pobreza energética a través de la puesta en marcha de un sistema robusto que permita el cálculo periódico de los indicadores de pobreza energética. Este sistema vendrá acompañado de medidas para garantizar la transparencia de la información y la mejora del conocimiento de las necesidades de gasto energético.

En particular, el Ministerio realizará un estudio detallado del gasto térmico de los hogares, en función de la zona climática de España en la que habiten.

Otro eje se centra en el impulso de cambios estructurales para reducir la pobreza energética a partir del análisis de las características del parque de viviendas edificado. Se plantean medidas en el corto plazo, como la rehabilitación de viviendas exprés, con actuaciones sencillas y de bajo coste.

También en el medio plazo, como la sustitución de electrodomésticos y calderas por sistemas más eficientes, y actuaciones de rehabilitación sobre el aislamiento de ventanas y envolventes en los edificios. Y, por último, en el largo plazo, a través de la rehabilitación integral de los edificios en áreas de regeneración y renovación urbanas, en coherencia de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España, que lidera el Ministerio de Fomento.

Por su parte, el último eje plantea medidas de protección a los consumidores y concienciación social. Entre otras, un protocolo para que los profesionales de atención primaria puedan detectar las situaciones de pobreza energética y el desarrollo de mecanismos de sensibilización y generación de conciencia colectiva sobre el problema de la pobreza energética. Para la elaboración del documento definitivo, que deberá ser aprobado en Consejo de Ministros, se tendrán en cuenta las aportaciones que se realicen durante este periodo de consulta pública.