Así lo indicaron la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la delegada de Equidad, Asuntos Sociales y Empleo y primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en la presentación de las 10 líneas de actuación pública que consideran fundamentales “para garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad de Madrid”.

Dentro de estos puntos, la alcaldesa explicó diversas medidas que ya se han puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de su primer mandato junto con otras medidas que, “siendo necesarias”, trascienden las competencias municipales.

Desde el Consistorio consideran que es necesaria la adecuación de la construcción de la vivienda pública a las necesidades reales actuales, y en este sentido, el Ayuntamiento destinará un 30% de la vivienda pública para familias jóvenes.

Además, apuestan por impulsar la modificación del marco legislativo estatal y autonómico, con el objetivo de fomentar el alquiler “asequible y de calidad”, para lo que es necesario “establecer limitaciones a los precios de alquiler, a través de índices de referencia de los precios, en función de parámetros objetivos como la localización, dimensión, estado de conservación o acceso al transporte público”.

También “es necesario aumentar el parque de vivienda pública municipal”, que actualmente se sitúa en un 0,48% del total, para alcanzar el 20-25% de vivienda pública sobre el total del parque, “como marcan los estándares europeos de referencia”. Para ello, entre otras medidas, proponen la transformación del suelo industrial en desuso para dar cabida a actividad económica vinculada a la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, así como el alojamiento de nuevos vecinos.

Por otro lado, desde el Consistorio remarcan que con la aprobación definitiva del Plan Especial de Implantación de Uso de Hospedaje “se busca contener los efectos adversos de la presión de los alojamientos turísticos, equilibrando los usos y evitando la monofuncionalidad y la pérdida del tejido de vivienda”.

En cuanto a la rehabilitación de la vivienda, el Ayuntamiento recordó el Plan MAD-RE, que durante los años 2016, 2017 y 2018 recibió solicitudes de un total de 63.687 familias de la ciudad de Madrid con una inversión, por parte del Consistorio madrileño, de 123,7 millones de euros para ellos.

Para dar respuesta “de forma inmediata” a las crisis habitacionales que numerosas familias han venido sufriendo en los últimos años, el Consistorio ha impulsado un sistema de alojamiento colectivo y temporal, “destinado a personas con emergencia social y una necesidad urgente de una solución habitacional”. Para ello, “se han buscado todas las posibilidades para adquirir viviendas destinadas a un parque municipal diferenciado dedicado exclusivamente a atender este problema”.

Además, el Ayuntamiento tiene la capacidad de intervenir en el mercado inmobiliario “de forma significativa”. Para ello, se articulan medidas concretas como la compra directa de inmuebles, establecer bonificaciones fiscales para favorecer que las viviendas vacías salgan al mercado, o incentivar que se edifiquen los solares vacantes destinados a la vivienda.

Con el objetivo de incrementar al máximo el suelo de titularidad municipal, promoverán que todas las cesiones que reciba el Ayuntamiento se efectúen en forma de suelo, en lugar de monetizarlas, especialmente aquellas procedentes de los nuevos planeamientos como Madrid Nuevo Norte, Campamento o Berrocales.

También se cuenta con la participación del sector privado, por ejemplo mediante la adjudicación de suelo para la construcción directa de vivienda por cooperativas u otras entidades, en un régimen de cesión de uso, en el que el Ayuntamiento mantiene la titularidad del suelo. De manera adicional, pretenden que las viviendas se adecúen al nivel de renta y se incorpora la gestión y promoción por parte del parque de viviendas a agentes de la economía social.

Por último, las medidas de acción también recogen la cesión de uso de viviendas con carencias por parte de particulares a cambio de rehabilitación de las mismas. En este sentido, se promueven acuerdos con entidades públicas y privadas, incluso con pequeños propietarios. Por ejemplo, en la actualidad se encuentran en vigor diferentes convenios, que entre otras medidas, regulan que el Ayuntamiento pueda gestionar y dedicar al alquiler viviendas ajenas durante un tiempo determinado.