Este acuerdo tiene como objetivo garantizar la protección de la información clasificada generada o intercambiada entre las partes firmantes, o por personas físicas o jurídicas bajo jurisdicción de cualquiera de los países.

La firma del acuerdo contribuirá a la “preservación de los intereses” de España en sus relaciones internacionales, ya que éstas exigen en ocasiones el intercambio de información que, por seguridad o interés nacionales, ha de ostentar un grado de clasificación y estar sometidas a procesos especiales de utilización y manejo para preservar esa integridad.

En el campo de la industria de la defensa y el armamento, los contratos de fabricación, montaje o suministros implican el uso compartido de dispositivos o procedimientos confidenciales, lo que hace necesario fijar normas que permitan compartir sin riesgo la información clasificada.