El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Gregorio Cámara, y la portavoz y el secretario general de Unidos Podemos, Irene Montero y Txema Guijarro, presentaron en rueda de prensa la iniciativa, denunciando que la introducción del voto rogado en 2011 hizo disminuir la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero de un 30% a un 5% y asegurando que recoge en su totalidad las propuestas del grupo de trabajo y las reivindicaciones del colectivo de emigrantes.

Cámara detalló que, además de suprimir la necesidad de rogar el voto, la propuesta incluye ampliar todos los plazos de emisión y envío de votos, más puntos de voto en urna, la apertura de un apartado de correos específico para recibir los votos de los emigrantes, y la previsión de que desde el día 18 posterior a la convocatoria electoral se les envíe la documentación desde la Oficina del Censo Electoral, con las direcciones de correo, los teléfonos y las webs ministeriales donde resolver dudas con antelación suficiente.

Además, el diputado socialista recriminó al resto de grupos, en particular al PP, que no se hayan sumado a firmar la proposición aunque decían estar de acuerdo. Según su versión, el Grupo Popular se ha escudado con una contrapropuesta “inviable” que apostaba por el voto vía valija diplomática.

Cámara aseguró que se persigue que la normativa “entre en vigor antes de las elecciones de mayo”, algo para lo que cree que “existe la posibilidad”, y defendió como adecuado el formato de papeleta en blanco a rellenar por el votante.

Desde Unidos Podemos, Montero remarcó que este punto incluido en el acuerdo de Presupuestos era “una cuestión fundamental”, toda vez que la disminución del voto emigrante ha coincidido, precisamente, con un éxodo de jóvenes al extranjero, que no pueden votar políticas de las que podría depender su regreso. Además, pidió a Ciudadanos que cumpla con su promesa de poner facilidades a la supresión del voto rogado.

Guijarro añadió que su grupo se alegraba de que el PSOE hubiera dado este paso, después de haber querido esperar a que el PP se sumara al consenso, y coincidió en criticar al Grupo Popular, que “no ha querido siquiera entrar a un debate serio”. Aseguró, además, que la iniciativa respeta los planteamientos del Ministerio de Asuntos Exteriores y que, aunque se trata de un desafío logístico enorme, es una propuesta “realista” y adaptada a los recursos de que dispone el Estado.