La organización ecologista alegó motivos democráticos porque corresponde al Parlamento ejercer un control continuado sobre la acción del CSN y, tras diferentes requerimientos, la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados reprobó en junio de 2017 al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear e instó al Gobierno a su cese.

El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, señaló en un comunicado que “desde hace año y medio, Fernando Marti está actuando como ‘okupa’ en el cargo de presidente del CSN sin que el Parlamento, y en especial el PP, asuma su responsabilidad para sustituirlo”. “El Gobierno está obligado a asegurar el bienestar de la institución”, añadió.

Los motivos legales esgrimidos por Greenpeace son que el CSN debe renovar sus cargos “de manera inminente”. De sus cinco miembros, uno ha tenido que abandonar su cargo al cumplir la semana pasada la máxima edad reglamentaria y su presidente finalizó su mandato de seis años el pasado 28 de diciembre y se encuentra desde entonces en situación de interinidad, situación en la que estarán el próximo día 22 otros dos consejeros, con lo que quedará únicamente uno adscrito al Partido Popular.

“Este Gobierno no puede esperar ni un día más para cumplir con el mandato democrático del Congreso y garantizar la renovación legal exigida por el Estatuto del CSN, velando por el limpio funcionamiento de la institución”, declaró Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear y miembro del Comité Asesor del CSN.

“TEMA PENDIENTE”

Greenpeace recalcó que la garantía institucional es “un tema pendiente” en el CSN desde el nombramiento de Marti hace seis años. Según el artículo 1 de la ley de creación de este organismo regulador, éste se crea como ente de Derecho Público, independiente de la Administración General del Estado. Sin embargo, el actual presidente fue secretario de Energía hasta 24 horas antes de ser nombrado.

Entre las funciones de Marti como secretario de Estado de Energía, estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, asunto que tramitó posteriormente como presidente del CSN.

Además, Greenpeace aseguró que “la falta de transparencia del CSN ha crecido durante el mandato de Marti”, tal y como han denunciado organizaciones como Transparencia Internacional (TI).

“Por motivos democráticos y legales, y por la trascendencia que tiene el cargo del presidente del CSN, es urgente que los actuales miembros de este organismo no se perpetúen en sus cargos. Más si cabe en la coyuntura actual de finalización de cinco de las siete licencias de explotación de los reactores nucleares operativos en los próximos cinco años”, concluyó Montón.