Así lo explicó el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal. Castaño manifestó que el objetivo de este concurso es “apoyar el tejido empresarial y de innovación social madrileño” que tenga integrado en su actividad “un impacto social y/o medioambiental positivo”.

En este sentido, el delegado de Economía destacó que también es importante “catalizar recursos públicos y privados” hacia inversiones que respondan a “retos importantes” a los que se enfrenta la ciudad, como sucede en materia social y de medio ambiente.

Según explicó, las inversiones de impacto se definen como aquellas inversiones que intencionadamente buscan un impacto social y/o medioambiental, cuantificable y medible en conjunto, con un retorno financiero, como mínimo igual al del capital principal invertido. A diferencia de otras inversiones, no solo analizan el riesgo y la rentabilidad de la inversión, sino también su impacto en términos sociales, de manera que si no hay impacto, no se realiza la inversión.

Para presentarse al concurso, el Ayuntamiento exige el cumplimiento de varios requisitos, como que los proyectos y empresas sociales se encuentren domiciliadas en la ciudad de Madrid y/o que tengan impacto social en la misma; que las entidades estén autorizadas y registradas en la CNMV, domiciliadas en España y denominadas en euros; que acompañen la actividad inversora con asesoramiento, tutelaje y mentorización y que cuenten con una metodología e indicadores de medición de impacto social.

Por otro lado, Castaño destacó que esta medida está relacionada con la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de manera que se incorpora al sector privado empresarial como actor corresponsable de la implementación de la agenda en los territorios, y no solo como un mero agente financiador de las actuaciones.

Esta iniciativa, concluyó, convierte al Ayuntamiento de la capital en una administración pública “pionera” en materia de inversión en impacto social. En España, apuntó el consistorio, “tan solo la Diputación Foral de Bizkaia ha iniciado el camino de participar en un fondo de impacto social”.