El pasado mes de agosto, PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís registraron en el Congreso esta proposición de ley que pretende modificar el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad, que establece que los objetivos de estabilidad presupuestaria deben ser aprobados obligatoriamente tanto por el Congreso como por el Senado, cuando lo habitual es que si la Cámara Alta rechaza alguna iniciativa ya aprobada por la Cámara Baja, ésta última pueda levantar el veto.

Para ello, el texto presentado plantea en un único artículo que “si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fueran rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si éste los ratifica por mayoría simple”.

El conflicto alrededor de la tramitación de esta reforma comenzó cuando los grupos proponentes pidieron la tramitación de la iniciativa por vía de urgencia, lo que fue rechazado por la mayoría que suman PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso. Finalmente, la toma en consideración se debatió en septiembre, cuando el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó iniciar la tramitación de esta reforma con la mayoría formada por las cuatro formaciones firmantes de la iniciativa, PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís, y el apoyo de PDeCat, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Bildu.

Además, en noviembre el Pleno rechazó también las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Ciudadanos. Sin embargo, desde entonces PP y Ciudadanos mantienen prorrogados los plazos de presentación de enmiendas, impidiendo que la tramitación avance.

"FRAUDE DE LEY"

Por ello, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, criticó en declaraciones a Servimedia que “este bloqueo parlamentario es una auténtica barbaridad, un fraude de ley que PP y Ciudadanos mantienen con su decisión de ampliar de una manera interesada los plazos de enmiendas en aquellas normas que han sido tomadas en consideración por la mayoría de los representantes de los españoles en el Pleno, pero que no les conviene que salgan adelante”.

“No tiene sentido que la mayoría del Pleno apruebe la tramitación de una ley y dos grupos que no representan la mayoría tengan la capacidad de bloquearlo en la Mesa”, continuó Simancas, añadiendo que, mientras un proyecto o una proposición de ley “puede tramitarse perfectamente entre Congreso y Senado en dos meses, tenemos más de 40 iniciativas de ley que llevan aplazadas meses y meses por el criterio interesado de PP y Ciudadanos”.

Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda señalaron a Servimedia que "lamentamos una vez más el bloqueo que PP y Ciudadanos están ejerciendo sobre esta reforma por razones únicamente partidistas", recordando que "ignoran la voluntad" del Pleno del Congreso.

En cuanto al PP, fuentes parlamentarias indicaron a Servimedia que están todavía valorando la proposición, mientras que desde Ciudadanos manifestaron que necesitan tiempo para trabajar en las enmiendas. Esta nueva prórroga finaliza el próximo martes, 12 de febrero, cuando la Mesa tendrá que volver a decidir si vuelve a prolongar el plazo de enmiendas.

DÉFICIT DE 2019

Debido a esta capacidad de veto del Senado, el Gobierno de Pedro Sánchez fracasó en su intento de ampliar el objetivo de déficit de 2019 en cinco décimas, hasta el 1,8%, por lo que ha tenido que elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el objetivo del 1,3% que dejó fijado el anterior Ejecutivo del PP.

En concreto, el cambio de la senda de déficit consiguió en diciembre el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja, sumando los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCat, Compromís y Nueva Canarias, pero una semana después fue tumbado por la mayoría absoluta del PP en el Senado.

Según ha explicado en los últimos meses la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ampliación en cinco décimas del objetivo de déficit se traduciría en un incremento del gasto público en 2019 de unos 6.500 millones de euros, repartidos en 2.500 para las comunidades autónomas, otros 2.500 para la Seguridad Social, y 1.500 para la Administración Pública.

El argumento esgrimido por los socialistas para proponer dicho cambio en la senda de estabilidad es que, ya desde antes de su llegada al Gobierno, organismos como la Comisión Europea, la Airef y el FMI, advertían sobre el incumplimiento del objetivo de 2018, fijado en el 2,2% y que finalmente cerró en el 2,7%. En este sentido, desde el Ejecutivo, así como desde organismos como el Banco de España, la Airef o el BBVA Research, han advertido sobre el impacto negativo que tendría sobre el crecimiento del PIB tener que hacer un esfuerzo fiscal excesivo para alcanzar el objetivo del 1,3%.