En octubre de 2014, Sánchez presentó el Código Ético que deben cumplir todos los cargos públicos del PSOE. En él, se dice que en el artículo 3.4 que “los cargos públicos y orgánicos socialistas están obligados a desempeñar sus funciones con austeridad, honradez, ejemplaridad, eficacia y plena dedicación al servicio público y del partido”.

Se apostilla que “los representantes del PSOE en las Cortes Generales habrán de renunciar al ejercicio profesional de actividades privadas. Aquellas relacionadas con la actividad política que eventualmente puedan ser autorizadas no reportarán al representante ningún tipo de asignación económica o retribución”.

En esa primera etapa de Sánchez al frente del PSOE, el hoy presidente del Gobierno intentó que esas medidas que aplicaban al Partido Socialista se extendieran para todos los diputados. Fuentes parlamentarias de varios grupos parlamentarios además del PSOE consultadas por Servimedia aseguraron que entonces el PSOE quería que el Congreso permitiera actividades de índole política como tertulias, conferencias o publicación de libros, pero subrayando que los parlamentarios no deben cobrar por ello "retribución periódica alguna".

“Querían aplicar la incompatibilidad absoluta”, reconocen, y el resto de los grupos se opuso. Además, hubo contestación interna en el grupo parlamentario socialista, recuerdan a Servimedia, y se decidió por ello no incluir en el Código Ético la prohibición de cobrar por derechos de autor o propiedad intelectual de las creaciones literarias de los dirigentes del PSOE.

Esta cuestión ha sido comentada por diputados socialistas después de conocerse este martes que el presidente del Gobierno va a publicar el libro ‘Manual para la resistencia’, que en su mayor parte escribió durante su etapa de oposición de su segundo liderazgo al frente del PSOE –y no era diputado-; pero que, según fuentes del entorno consultadas por Servimedia, concluyó y actualizó en su llegada al Palacio de la Moncloa.

La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, por la que se regula el Gobierno, en su artículo 2 establece las funciones del presidente del Ejecutivo y no menciona limitación alguna a la creación literaria.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece la exclusividad del cargo y dice que “los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena”.

“Tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que, directa o indirectamente, provenga de una actividad privada simultánea”.

Pero establece “excepciones” que, según se detalla en el punto cuarto, se refieren al “desempeño de las actividades ordinarias de investigación propias del organismo o institución en el que ejercen sus funciones, sin percibir en tales casos remuneración por ello. Esta excepción comprende las tareas de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas”.