El rechazo de la formación dirigida por Pablo Iglesias a este decreto, que recabó 103 votos a favor, 243 en contra y una abstención, se produce por la decisión del Gobierno de no incluir en esta normativa la limitación de los precios de los alquileres, medida que forma parte del acuerdo presupuestario entre Podemos y el Ejecutivo.

En la defensa del decreto, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, destacó que sus medidas eran “un primer paso por lo que no cabe duda de que deberán ir acompañadas de medidas adicionales en las que continúa trabajando este Gobierno”, aunque no citó específicamente la limitación de los precios del alquiler.

En esta línea, señaló que “este real decreto, de marcado carácter social, trata de dar una respuesta política urgente al problema de acceso a la vivienda que ay en España y de revertir las consecuencias de la reforma liberal de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013”.

En referencia a la reforma aplicada por el anterior Ejecutivo, denunció que no consiguió estimular el mercado y que además provocó subidas “desorbitadas” de los precios y “dio pábulo y cobertura a las maniobras especulativas”.

“Esta Situación hace necesario actuar de manera inmediata”, concluyó Ábalos, que recordó que el Ejecutivo trabaja en medidas como la elaboración de una ley estatal de vivienda que impida que los fondos buitre especulen con viviendas sociales o en incrementar la oferta de alquiler público con el plan de lanzar 20.000 viviendas.

Por su parte, en nombre de Unidos Podemos, Lucía Martín confirmó al ministro durante el debate el rechazo adelantado por la portavoz de la formación, Irene Montero, antes del inicio del Pleno, aunque ironizó al decir que “ha sido un alivio ver que quien se subía a la tribuna era usted y no la ministra Calviño”, a quien atribuyó la decisión de no limitar los alquileres por las presiones de fondos como Blackstone.

“Cada cual decide a quien quiere escuchar en política”, afirmó Martín, que considera que el Gobierno “lo tenía muy fácil” con el acuerdo presupuestario, que calificó de “potente” ya que “protegía los derechos de la gran mayoría”.

De hecho, denunció que el decreto “es un Intento evidente de diluir nuestro acuerdo y dejar caer muchas medidas que a regañadientes conseguimos cuando aceptamos los presupuestos”. “No tiene sentido alargar los contratos si no hay medidas que aseguren que los precios no pueden subir indiscriminadamente”, apostilló.

En todo caso, aseguró que el voto en contra “no busca humillarles, ni hacerles daño, ni deshacer la mayoría de la moción de censura” por lo que instó al ministro a seguir trabajando con nosotros para acordar un nuevo real decreto. “Sean valientes y pónganse del lado de la gente”, concluyó.

Sí se refirió a la limitación de los alquileres la diputada del PSOE María del Mar Rominguera, quien criticó a Podemos por preferir “votar con la derecha, con el PP”. Con respecto a los precios, dijo que la intención del Gobierno “no es no hacerlo, es hacerlo bien”.

A este respecto, sostuvo que antes de aprobar este tipo de medidas hace falta establecer un índice de precios que deben elaborar las comunidades autónomas, algo que según defendió se puede conseguir durante el año 2019. De momento, según advirtió, “Es importante que no nos paremos”.

Otros dos portavoces anunciaron también su voto negativo por el mismo motivo que Podemos, la ausencia de la limitación de los precios del alquiler. Fueron Joan Marrgall, de ERC, y María beitialarrangoitia, de EH Bildu.

Entre los grupos que votaron también en contra, mostraron su rechazo frontal al decreto los portavoces del PP, Ana María Zurita, y de Ciudadanos, Miguel Ángel Garaulet, al considerar que lejos de solucionar el problema puede provocar mayores subidas de los precios al no centrarse en incrementar la oferta y en la colaboración público-privada.

Por último, Ana Oramas (CC), Feliu-Joan Guillaumes (PDECat), Ana Xorlí (Compromís) e Iñigo Barandiaran (PNV) mostraron su disposición a apoyar el decreto si se tramita como proyecto de ley para que introduzca mejoras, algo que aceptó Rominguera.

Otra de las medidas incluidas en el decreto era la limitación a dos mensualidades de la a fianza que se podrá exigir a los arrendatarios, así como que el arrendador, en el caso de ser una persona jurídica, deba asumir los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

El decreto incluía además medidas para impulsar una mayor coordinación entre los servicios sociales y los tribunales en los casos de desahucios. Para ello, contempla cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos que afecten a personas o familias vulnerables para que se paralicen los procedimientos hasta que actúen los servicios sociales.

Por otro lado, contemplaba medidas de impulso de la accesibilidad, como el incremento hasta el 10% del fondo de reserva de las comunidades de vecinos para que pueda afrontar costes de este tipo, así como obligar a llevar a cabo obras de mejora cuando el 75% de los costes se puedan obtener de ayudas públicas.

Por último, el Gobierno perseguía la optimización del uso del parque de vivienda con medidas como la exclusión de la vivienda de uso turístico de la LAU o la definición de las viviendas vacías.

En materia de vivienda turística, el decreto modifica la ley de propiedad horizontal para permitir, por una mayoría cualificada de tres quintos, que las comunidades de vecinos limiten la actividad turística en sus edificios, así como que dichos apartamentos deban aportar más a los gastos comunitarios.