Esa ley, aprobada en 2017 y cuya entrada en vigor se produjo en marzo de 2018, está pendiente de ser desarrollada reglamentariamente por el Gobierno a través de una normativa complementaria y de actos políticos y administrativos que concretarán y detallarán sus preceptos, por lo que desde ambas organizaciones han formulado propuestas en la fase actual de elaboración de estos desarrollos, según informaron este sábado el Cermi y CON-R.

En el documento elevado a Hacienda por el sector de la discapacidad se proponen los contenidos posibles del acuerdo del Consejo de Ministros, que, como marca la ley, debe aplicar y extender las cláusulas sociales en la Administración General del Estado y en los organismos, entidades y empresas que lo integran

Los planteamientos del Cermi y del Foro CON-R a Hacienda se dirigen a la mejor regulación o despliegue de cuestiones como la fijación de un porcentaje mínimo de reserva de contratos de las Administraciones Públicas a favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, la prohibición de contratar y la forma de acreditar el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo a favor de personas con discapacidad de las empresas licitantes, los criterios de adjudicación o las condiciones especiales de ejecución de los contratos, entre otras.

El sector social de la discapacidad mostró su confianza en la receptividad de Hacienda a sus propuestas y la rápida aprobación por el Consejo de Ministros del acuerdo de desarrollo de la Ley, con el fin de que sus mandatos alcancen su máximo potencial social.