Jiménez de Parga reconoció, en declaraciones a Servimedia, que, "en principio", la cadena perpetua no encajaría en el artículo 25.2 de la Constitución, según el cual "las penas privativas de libertad están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social".

Desde ese punto de vista, no cabría aplicar una pena como la que pidieron el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados los padres de Marta de Castillo, la joven asesinada en Sevilla en enero de 2009.

El matrimonio registró en la cámara 1,6 millones de firmas apoyando esta solicitud y a continuación se reunieron con el presidente del PP, Mariano Rajoy, de quien aseguraron que se había comprometido a impulsar una "prisión permanente revisable" si llega al Gobierno.

Sin embargo, aunque la cadena perpetua no corresponda con la pretensión constitucional de que el delincuente vuelva a convivir en sociedad, Jiménez de Parga añadió que "acaso, después de una larga permanencia en prisión, el condenado se reeduca y adquiere cualidades para la reinserción social".

Por ello, concluyó: "A mi entender, si puede considerarse, periódicamente, el comportamiento del preso, y se valora su voluntad de reinserción social, la prisión permanente, hasta el día en el que se aprecie positivamente la voluntad del recluso, encaja en la Constitución".