El departamento dirigido por José Luis Ábalos exige que se garanticen el 100% de los vuelos domésticos a las Islas, el 57% de los servicios a ciudades españolas donde las otras opciones de transporte público consuman cinco horas o más y el 35% cuando dicho medio público alternativo implique un tiempo de desplazamiento inferior.

Los servicios mínimos se aplican también a los vuelos programados para el transporte de correo postal universal y productos perecederos cuando se efectúen con aeronaves dedicadas exclusivamente a carga; y a aquellas operaciones técnicas de posicionamiento y otras tales como la situación de tripulaciones necesarias para la realización efectiva de los servicios de transporte aéreo considerados como esenciales.

Los paros no podrán afectar a ningún vuelo cuya hora de salida programada fuera anterior al inicio de la huelga y cuya llegada prevista se produzca en el periodo de la misma, explica el Ministerio.

Fomento ha tenido que intervenir y fijar garantías mínimas, como ocurrió en las huelgas convocadas en Ryanair en julio y septiembre, ante la falta de acuerdo en su establecimiento entre la aerolínea irlandesa y los sindicatos USO y Sitcpla, convocantes de los paros.

El Ministerio explica su decisión en el objetivo de "compatibilizar el interés general de los ciudadanos, y en particular sus necesidades de movilidad, con el derecho de huelga de este colectivo de trabajadores".

Ryanair es la compañía que más pasajeros transporta en el mercado español, con una oferta que supera las 400 rutas desde España. Según la información aportada por la propia compañía, en las bases españolas cuenta con cerca de 1.900 trabajadores del colectivo que desempeña labores de tripulante de cabina de pasajeros, afectado por la convocatoria de huelga. Los servicios mínimos se los ha comunicado a Ryanair, Aena, Enaire y a los sindicatos convocantes Sitcpla y USO-STA.

Fomento ha establecido que la aerolínea, así como las también afectadas Crewlink y Workforce a través de las cuales están empleados muchos de los trabajadores convocados, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que dichos servicios esenciales "se presten en las condiciones habituales".

A tal efecto exige el manteniendo para ello el personal estrictamente necesario para cada periodo afectado por la convocatoria, salvaguardando en todo momento la seguridad.