Tras la firma del convenio, al que dio luz verde el Consejo de Ministros en su reunión de Barcelona, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, declaró que el Gobierno no encuentra “soporte legal” que le obligue a afrontar un pago derivado del “incumplimiento” del anterior Ejecutivo del PP, pero garantizó que si finalmente tiene que ser así, el Gobierno asumirá la “responsabilidad” del Estado.

“No es justo que el incumplimiento del anterior Gobierno se le impute al actual”, agregó Ábalos. “En esta polémica yo he estado callado, pero eso no significa que me haya dado igual; la polémica no ayuda a nada, y lo importante es cumplir”.

Mientras el Ejecutivo se niega a correr con esa deuda heredada, el Gobierno canario se remite a las cuatro sentencias del Tribunal Supremo que le dan la razón sobre ese montante de 344 millones que reclama a Madrid por los recortes unilaterales que los gobiernos de Rajoy se comprometieron a invertir en las islas en virtud del anterior convenio (2006-2017).

Así lo puso de manifiesto tras la rúbrica del nuevo convenio el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez. En su comparecencia ante los medios junto al ministro Ábalos y el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, Rodríguez puso el acento en la relevancia del “importante” nuevo convenio de carreteras, y agradeció el paso dado por el Gabinete de Pedro Sánchez, ya que resaltó que atiende una larga reivindicación de los ciudadanos de su comunidad para mejorar la movilidad y la inversión pública en la región.

Sin embargo, en posteriores declaraciones a los periodistas a la salida del ministerio, Rodríguez lamentó que Fomento no se haya avenido a desembolsar los 344 millones que le reclama Canarias, y por eso su Gobierno no quiso firmar hoy un segundo convenio también avalado por el último Consejo de Ministros por el que el Ejecutivo abonaría 600 millones que sí considera que el Gobierno canario ha justificado (una adenda al convenio anterior de 101 millones y el abono de 500 millones reconocidos por el Supremo).

EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Rodríguez insistió en que el Gobierno autonómico se mantiene en sus trece de que le paguen los más de 340 millones: “No vamos a permitir que Canarias deje de recibir lo que le corresponde, no estamos pidiendo ni limosna ni un privilegio, sino lo que nos corresponde porque los juzgados nos han dado la razón”.

“No vamos a dar por perdido ni un solo euro”, recalcó el consejero, “tenemos cuatro sentencias del Supremo que nos dan la razón y su ejecución va a ser clave para recuperar esos fondos. El secretario de Estado me ha mostrado su voluntad de buscar en los próximos días un encuentro para ver cómo podemos dar cumplimiento a la sentencia incorporando toda la cantidad. Si esto no sucede, porque ellos dicen que tienen un marco jurídico limitado, la única vía que tendremos es el incidente de ejecución de sentencia ante el Supremo”.