Juristas consultados por Servimedia explicaron que los responsables de esta profanación sólo podrían ser acusados de profanación de tumbas, conducta recogida en el artículo 526 del Códio Penal, si no se prueba su relación con alguna célula de Al Qaeda vinculada al 11-M.

Según la última actualización del Código, la profanación de tumbas está castigada con penas de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses, y afecta al que "faltando a la memoria de los muertos violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos".

En este sentido, Manuel Torres, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, reconoció que esta pena es "nimia" y sólo se vería ampliada si se prueba la conexión de los autores de la profanación con alguna banda terrorista, algo no descartable dado que el GEO falleció en una explosión provocada por islamistas suiidas.

En caso de probarse la relación de los responsables de la apertura de la tumba del agente Torronteras con el 11-M o con Al Qaeda, Torres señaló que podría acusarse a los implicados de pertenencia a banda armada.

A este respecto, salvo reforma legal, a estos hechos tampoco podría aplicarse la Ley 1/2003 que protege la seguridad y la memoria de los concejales, y que castiga a "los que menosprecien o humillen a las víctimas o sus familiares".

Esta reforma no podría aplicarse en este caso,a pesar de que PP y PSOE la impulsaron para perseguir acciones como los actos vandálicos contra tumbas de ediles vascos asesinados por ETA, que se concretaron en los últimos años en agresiones a lápidas de ediles no nacionalistas.

En este sentido, José Luis Requero, vocal del Consejo General del Poder Judicial, estimó que, aún teniendo en cuenta el "ensañamiento" con el cadaver de Torronteras, a priori esta conducta sólo parece perseguible con el delito de profanación de tumbas.

Asimismo, Requeroestimó que no parece necesario, por el momento y debido a que sólo se ha producido un caso, reformar la ley para que la legislación sobre la humillación a los concejales se amplíe para que abarque a otro tipo de víctimas.