La normativa recoge que el capital únicamente podrá corresponder a la Comunidad de Madrid y a las entidades locales de su ámbito territorial y fija que la participación de la primera no podrá ser inferior, en ningún caso, al 51% del capital social.

Asimismo, la participación de los ayuntamientos deberá mantener, al menos, el 30% de su participación durante el plazo de duración del contrato programa.

En la ley se establece que la participación que, en cada caso, corresponda a los consistorios afectados se determinará "ponderando criterios de proporcionalidad y equidad".

También se exige la previa autorización del Consejo de Gobierno, de la que se dará cuenta a la Asamblea de Madrid, para que esta sociedad pueda crear o disolver sociedades de capital con limitación de responsabilidad o realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de dichas sociedades.

El diputado de Ciudadanos Francisco Lara consideró “muy necesaria” esta iniciativa y explicó que “pretende superar la difícil etapa que ha padecido el Canal en los últimos años caracterizada por una expansión internacional que no debería de haberse realizado nunca y por el saqueo que se ha hecho por políticos desaprensivos para negocios de amiguetes”.

La diputada del PP María Eugenia Carballedo dijo que sus enmiendas aceptadas velan por el modelo de empresa que quieren, “una empresa cien por cien de titularidad pública solvente como es hoy” y que “está aportando valor a esta región y excelencia en términos de transparencia”.

El parlamentario de Podemos Hugo Martínez Abarca criticó que sus enmiendas no hayan sido aceptadas y denunció que no hay “ninguna medida para que los señores del PP dejen de saquear”.

El diputado socialista Diego Cruz Torrijos dijo que, con esta iniciativa, “pretenden que nos creamos que con una regeneración cosmética se va a quitar lo que otros intentaron hace tiempo conseguir”.