Durante su defensa la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, indicó que el pack traspone cuatro directivas e incorporan cinco reglamentos que requerían un ajuste legislativo "para garantizar la seguridad jurídica", y consideró que "no tiene justificación" que diez años después de la crisis continuasen sin adaptarse algunas que contribuyen a proteger al consumidor o ayudarán a combatir el blanqueo de dinero.

Los diputados de Ciudadanos, Podemos, PSOE, PNV, PdCat o Foro expresaron su apoyo a que esta vez se utilice la figura de reales decretos porque consideran justificado la tramitación por la vía de urgencia, afeando el retraso en la trasposición al Gobierno del PP.

Algo a lo que el diputado popular, Bravo Baena, respondió que el Ejecutivo del PP aprobó 244 leyes y tuvo que priorizar "lo importante sobre lo urgente" al encontrarse un país "en quiebra técnica", con casi cinco millones de parados y 60.000 millones de agujero presuestario.

Las normativas salen adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la abstención de ERC.

Uno de los decretos leyes aprobados hoy incorpora la directiva sobre servicios de pago PSD2 que busca regular las nuevas fórmulas para los servicios de pagos como pueden ser a través de los sistemas de telefonía, móviles o por internet para darles garantías, y en beneficio de los consumidores.

Entre otras medidas aplica la citada reducción, en un tercio de su valor y hasta los 50 euros el coste máximo que asumiría el dueño de una tarjeta bancaria por operaciones no autorizadas y efectuadas de forma fraudulenta, y rebaja de 30 a 15 días los plazos de resolución en caso de que plantee reclamaciones.

AGREGADORES DE CUENTAS

Con esta ley se regulan dos nuevos servicios de pago: los llamados iniciadores de pagos que permiten abonar compras y servicios a un comercio 'online' sin utilizar tarjeta, y los agregadores que posibilitan que se recoja en una sola aplicación cuentas de un cliente en distintos bancos.

Se regulan el llamado openbanking, que obliga a la banca a abrir los datos de clientes a terceros permitiendo por ejemplo la existencia de esos agregadores, y fija requisitos más livianos para las pequeñas empresas y fintech, para promover su desarrollo.

En el texto se recoge también el reforzamiento de la identificación de clientes para los accesos 'online' (comprobación de seguridad adicional) a cuentas por parte de los agregadores de cuentas y los iniciadores de pagos.

"Con la aplicación de esta directiva también esperamos efectos positivos en términos de economía irregular", refirió la ministra, en alusión a que ayudará a fomentar el uso de los pagos telemáticos que ayudan a establecer un seguimiento o trazabilidad del dinero.

CANAL DE DENUNCIAS

En el pack se acaba de regular asimismo el canal de denuncias sobre abusos de mercado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se crea otro canal en el Banco de España para empleados de entidades financieras que observen irregularidades en materia de solvencia.

Calviño indicó que se fijan los mecanismos para supervisar los índices de referencia, y se dará a la CNMV seguridad jurídica en sus labores de supervisión, inspección y sanción en materias como puede ser la conducta de mercado o venta de productos empaquetados para minoristas.

Otra norma incorpora la regulación europea que obliga a la banca a crear cuentas de pago básicas para facilitar la inclusión financiera, si bien Calviño dijo que va más allá porque "garantiza el acceso gratuito".

REBAJA LAS MULTAS A LA BANCA

El diputado de ERC, Joan Margall, adelantó que planteará enmiendas porque rebaja las sanciones a la banca en caso de infracción. "Nos parece indignante", criticó, en alusión a que se eliminan las referencias anteriores por otras inferiores cuando resulte difícil cuantificar el beneficio obtenido con el abuso.

En infracciones graves, por ejemplo, suprime la referencia de que la entidad se expone a una sanción de entre el 5% y 10% del volumen del negocio neto anual o de "entre cinco y 10 millones de euros, si el porcentaje fuera inferior a esa cifra. Se fija, alternativamente, un "hasta el 10%" o "hasta 10 millones", sin establecer cuantía mínima", dando más competencia al Banco de España para determinara la cuantía.

El diputado de Podemos, Montero Soler, solicitó su tramitación como proyecto de ley para introducir enmiendas, mientras que el diputado de Ciudadanos, Ramírez Freire, refirió que "ha faltado algo de ambición" en la trasposición, en alusión a que el Gobierno debería haber aprovechado para introducir medidas adicionales a las distadas por en la directiva de medios de pago.