El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, defendió en la reunión como objetivos prioritarios la defensa de las condiciones sociales de los trabajadores, la lucha contra el fraude y la eliminación de barreras burocráticas al transporte internacional.

Según señala Fomento en un comunicado, el Consejo Europeo ha ido en esa línea y ha materializado las condiciones salariales de los conductores con una aplicación equilibrada y proporcional de la Directiva de desplazamiento de trabajadores, en la misma línea ya seguida en el Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, así como la mejora de sus condiciones sociales, de forma que, sin incurrir en sobrecargas injustificadas de tiempos de conducción, les permita pasar el mayor tiempo posible de descanso en su casa y con su familia.

También se ha marcado la necesidad de unas normas claras, de fácil aplicación y comunes a toda la Unión, de modo que se impida el establecimiento de trabas administrativas injustificadas a las empresas en el transporte internacional, particularmente en un sector que cuenta con muchas pequeñas y medianas empresas. Para ello España ha apoyado el uso del sistema IMI para remitir e intercambiar la información.

Los Estados miembros han remarcado también la importancia de la lucha contra las empresas pantalla (o 'buzón'), y otras formas de fraude en el sector, y han asegurado para el futuro un marco normativo que garantice una competencia leal, dotando a las autoridades de control de los instrumentos adecuados para velar por su cumplimiento y sancionar comportamientos ilegales. En esta línea se han enmarcado las nuevas exigencias en el Reglamento de acceso a la profesión y su extensión a vehículos de menos de 3,5 toneladas, con objeto de mejorar el control de este tipo de empresas.

Finalmente, el Consejo ha puesto el foco en el apoyo en las nuevas tecnologías, que deben ser también una herramienta que ayude a la consecución de estos objetivos. Para ello, el adelanto de la fecha de obligatoriedad del tacógrafo inteligente, en su versión más avanzada, dotará a las autoridades de control de un instrumento clave para luchar contra el fraude.

A partir de ahora deberá iniciarse la negociación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo para que estas normas formen parte del ordenamiento jurídico de la Unión.