La asociación recuerda en su misiva que la ley establece que cuando el Gobierno se encuentra en funciones, éste debe facilitar “el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

Explica a su vez que el Reglamento del Congreso regula que “disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente”.

Sin embargo, destaca esta asociación, la Ley Orgánica del Poder Judicial no regula qué limitaciones tiene el Consejo General del Poder Judicial cuando acaba su mandato y mientras no se renueva.

Para la Francisco de Vitoria, “atendiendo a la lógica democrática y a la equiparación de los tres poderes del Estado, entendemos que el CGPJ está `en funciones´” y, por tanto, “ha perdido la legitimidad deseable en un Estado democrático para realizar actos discrecionales” y debe circunscribir su actividad a despachar “los asuntos de puro trámite y reglados o aquellos que, por razones de urgencia o necesidad, no admitan demora”.

Adoptar decisiones estratégicas discrecionales no urgentes por quien cuenta con una “cuestionable legitimidad”, añade, “supondría un descrédito de la institución a la que nos dirigimos”.

Por ello, advierte de que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria estará “alerta ante cualquier desviación que pudiera producirse en el ejercicio de las funciones atribuidas al órgano de gobierno de los jueces que excedan, como hemos dicho, de los actos reglados y de los actos urgentes y necesarios que no admitan demora”.