AJFV celebra su asamblea anual entre mañana, miércoles, y el jueves, y en su primera sesión los asistentes votarán si recurren el nombramiento de Marchena por la vía contencioso administrativa.

Los jueces adscritos a esta asociación evaluarán la conveniencia de ese recurso "contra el polémico nombramiento de Manuel Marchena por considerar que la forma en la que se ha llevado a cabo incumple el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto señala que "en la sesión constitutiva del CGPJ, que será presidida por el vocal de más edad, deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas, sin que cada vocal pueda proponer más de un nombre" como presidente del Consejo.

La elección del que será presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo se debe decidir en una sesión que ha de convocar entre “tres y siete días más tarde, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de tres quintos de los miembros del Pleno". En caso de que en esa votación no salga elegido ninguno de los candidatos se realizará una segunda votación entre los dos aspirantes más votados y será elegido el que obtenga mejores resultados.

La elección de Marchena emana del acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE y del que también participa Podemos. El pacto contempla la presidencia para el 'conservador' Marchena en un CGPJ que tendría mayoría de vocales progresistas.

Esta no es la primera vez que se cuestiona el nombramiento del presidente del CGPJ. En diciembre de 2014 el Supremo rechazó el recurso de esta misma asociación de jueces que cuestionó el nombramiento del presidente saliente Carlos Lesmes.

Pese a la solicitud realizada en su día por la magistrada Margarita Robles, actual ministra de Defensa del Gobierno de Pedro Sánchez, el asunto no fue finalmente elevado al Pleno de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal y quedó resuelto por la Sección Primera, que es la encargada de ver los asuntos presentados contra las decisiones del CGPJ.

La Francisco de Vitoria presentó la citad demanda por entender que el sistema de elección de los miembros del Consejo es un "cambalache" político que consagra un sistema de "injerencia" de los partidos y del Gobierno en el máximo órgano de gobierno de los jueces que pude tener "graves consecuencias".