Estas reivindicaciones estás avaladas por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, que han emitido un comunicado conjunto.

Los secretarios judiciales protagonizaron una primera oleada de protestas durante la última parte del gobierno de Mariano Rajoy. Tras la moción de censura y la llegada a la jefatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez, cesaron en sus reivindicaciones, que ahora retoman.

Los letrados de Justicia recuerdan que el pasado 4 de mayo de 2010 entró en vigor la ley que reformó 22 leyes procesales, para racionalizar y optimizar los recursos de la Administración de Justicia. Esas reformas perseguían regular la distribución de competencias entre jueces, tribunales y secretarios judiciales, para que jueces y magistrados pudieran dedicar todos sus esfuerzos a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, tal y como establece la Constitución.

Los secretarios judiciales, indican en su comunicado, asumen en todo el territorio del Estado, con independencia de la implantación o no de la nueva oficina judicial, la descarga de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a la función jurisdiccional, lo que “supuso un notable aumento de funciones y responsabilidad inherente, (...) sin la correspondiente adecuación salarial, que quedó aplazada a la mejora del escenario presupuestario”.

“Llevamos más de ocho años esperando la mejora de la situación presupuestaria y a la vez ejerciendo las nuevas y mayores responsabilidades con solvencia profesional y sin defraudar la confianza depositada por el legislador en nuestro Cuerpo”, agregan.

Defienden que su “contribución y esfuerzo no pueden tener valor cero” y reivindican un aumento de sueldo para reducir “la discriminación salarial respecto de otros funcionarios de la Administración de Justicia del mismo grupo de titulación A1”.

Además, los secretario judiciales reclaman la “urgente modernización de la Administración de Justicia”, la progresiva implantación de la Nueva Oficina Judicial, de la cual son directores, con la implantación del expediente digital electrónico y el mantenimiento de un Registro Civil “público, moderno y gratuito a nuestro cargo" y "que se compatibilicen los diferentes sistemas de gestión procesal existentes en el territorio nacional”.