Pese a que el Tribunal Supremo finalmente decidió este martes que el Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados siga siendo pagado por los clientes de las hipotecas, el Gobierno socialista ya había trabajado en los últimos días sobre la posibilidad de que se hubiera mantenido la sentencia que determinaba que debían hacerse cargo del impuesto las entidades bancarias, lo que habría obligado a la devolución del impuesto por parte de las comunidades autónomas a los clientes.

Esta misma mañana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el Gobierno ya tenía preparado todo su plan para coordinarse con las comunidades autónomas para proceder a la devolución del impuesto y que la intención del Ejecutivo era dialogar con las entidades financieras para buscar la forma de proceder al pago del impuesto.

En este sentido, indicó que el impacto económico calculado por las comunidades autónomas sobre la devolución de este impuesto habría sido de 5.000 millones de euros como máximo, en caso de que la sentencia se hubiera aplicado con una retroactividad de cuatro años. Dicha cantidad, en palabras de la ministra, habría supuesto cuatro o cinco décimas de déficit adicional en las cuentas públicas hasta que las entidades financieras hubieran pagado el impuesto de los años anteriores, lo que habría puesto en peligro la salida de España del procedimiento de déficit excesivo.

Por ello, Montero señaló que la intención del Ejecutivo era hablar con Bruselas para que no se tuviera en cuenta en el déficit la devolución del impuesto por parte de la Administración pública, al considerar que se trataría de una situación temporal que se solventaría cuando los bancos pagasen.