Serán juzgados el expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y los ex directores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego por irregularidades en una operación urbanística en Rivas Vaciamadrid (Madrid) que causó un presunto perjuicio de 41,8 millones. También se sentará en el banquillo el exconsejero de la financiera inmobiliaria Domingo González Mera.

A todos ellos, la fiscalía les pide una pena de cuatro años de prisión, con inhabilitación especial para derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la conena y cinco años de inhabilitación para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector financiero, bancario o ejercicio profesional.

La operación bajo sospecha data de 2007 cuando todos ellos participaron supuestamente en la concesión de un préstamo por importe de 67,1 millones de euros para la compra de un solar a una sociedad participada por varias mercantiles vinculadas a la caja gallega, entre ellas Gorrigebe, cuyo único propietario era Antonio Gorriarán, hermano de uno de los procesados.

Según el auto de procesamiento, "no consta" que los riesgos de esta operación fueran explicados al consejo de administración, ya que "con carácter previo a la aprobación del préstamo", Caixanova se sirvió de análisis "incompletos" pues "no se distinguía el valor entre las fincas" y se basó en una tasación que advertía de la necesidad de recabar cédula urbanística.

Tampoco se valoró que los prestatarios "presentaban problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio (...) en un momento en el que ya era patente la ralentización de las ventas en el sector y las incertidumbres como consecuencia de la crisis".

Irregularidades que prosiguieron tras la constitución del contrato, con sucesivas modificaciones de los términos sin previa consulta al consejo, al que tampoco se advirtió de una segunda refinanciación de la que no existe "solicitud expresa y que fue formalizada fuera de los cauces" por González Mera y Pego.

Ante la imposibilidad de devolver el dinero, los gestores "habrían ideado y ofrecido" a los deudores una salida que les permitiera liberarse de sus obligaciones "sin importarles que tal alternativa afectara negativamente a los intereses patrimoniales de la entidad".

Añade que muestra de la dejadez, la financiera Proinova no sólo "no encargó ni solicitó una tasación del valor de las parcelas que adquiría a fin de conocer su valor real", lo que le hizo asumir una cuantía muy superior, sino que acarreó además con la totalidad de la carga hipotecaria.

En virtud de los informes incorporados a la causa, la jueza instructora de la causa, Carmen Lamela, cifró en 41,8 millones de euros el perjuicio patrimonial causado a la entidad, que a finales de 2010 conformó Novacaixagalicia y que hoy está integrada en el grupo Abanca, heredera del quebranto.

La de Rivas es la primera de las siete operaciones sospechosas notificadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las investigaciones crediticias a Caixanova iniciadas en diciembre de 2010.

En julio de 2017 y dada su avanzada edad -85 años-, Fernández Gayoso salió de prisión, donde ingresó siete meses antes por un delito de apropiación indebida, por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias, causa en la que también fueron condenados Pego y Gorriarán.